La junta de personal del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios ha denunciado el “intolerable desconocimiento legislativo” y la “disparidad” de criterio jurídico en la Diputación de Córdoba respecto a la promoción de los bomberos conductores al grupo C1. Esta reivindicación ha sido motivo de una intensa movilización por parte de los funcionarios en los últimos meses.

La polémica se ha precipitado en los últimos días, después de que el Ayuntamiento de Córdoba capital haya aceptado este cambio de categoría profesional –que conlleva un aumento salarial–, mientras que la Diputación sostiene que no es posible. Ambas administraciones apelan a sendos informes del Ministerio de Administraciones Públicos. Fuentes del equipo de gobierno destacaron la pasada semana que su “ánimo” es “darle solución a un problema heredado del PP”. “Estamos trabajando y conociendo los informes de otras administraciones para ver si podemos sumar al trabajo realizado en esta línea por parte del Consorcio”, insistieron.

Para la junta de personal, resulta “preocupante” lo que considera una “falta de criterio” por parte del interventor de la casa palacio, que considera la promoción presentada como “reclasificación encubierta”. Y ello, insiste el órgano de representación de los funcionarios, a pesar de los tres informes jurídicos aportados por las secciones sindicales de UGT, CCOO y CSIF. En estos se concreta la asunción de nuevas responsabilidades laborales por los efectivos del Consorcio, como recoge la respuesta del Ministerio.

Para los bomberos, el Gobierno central “salva con absoluta naturalidad el posible escollo administrativo que se pudiera plantear al respecto, sin llegar a cuestionar la realidad laboral pretendida y demostrando una viabilidad procedimental absolutamente opuesta a la aportada por el interventor de Diputación, con un trasfondo preocupante”.

“Más preocupante si cabe”, considera la junta de personal, resultaría la afirmación de la propia vicepresidenta, la diputada Dolores Amo, al Ministerio de Hacienda y Función Pública, quien achaca a los representantes sindicales “una reclasificación universal”. Esto supone, según los sindicatos, “viciar” la realidad del acuerdo adoptado en la mesa de negociación.

Así, los sindicatos acusaron ayer a Amo de actuar “de forma tendenciosa” y de “desvirtuar la respuesta solicitada, siendo infiel con su propio acuerdo”. “De forma insólita, prejuzga y da a entender la existencia de una supuesta estafa administrativa en el acuerdo que ella misma preside y firma. Toda una muestra de intenciones y contradicciones que ahonda en este denunciado trasfondo preocupante”, insistió la junta de personal.

Por contra, los bomberos hicieron hincapié en cómo la respuesta del Ministerio “se centra en resaltar de acertada y determinante” que en la promoción quien no supere el proceso selectivo “quedará ubicado en la plaza de C2”. Se trata, concluyó la junta de personal, de un planteamiento “idéntico” al que “se detalló y reflejó en el acuerdo de mesa general de negociación”.