La promoción de los bomberos conductores del Ayuntamiento de Córdoba al subrupo profesional C1, ya aprobado en junta de gobierno local y que afecta a 135 efectivos en la capital, abre una puerta a que la Diputación de Córdoba tome en cuenta las reivindicaciones de los funcionarios del Consorcio Provincial y adecúe una solución similar. Ésta es, al menos, la visión de la junta de personal, que considera que la medida del Ayuntamiento de la capital sienta un importante precedente al que no puede permanecer ajena la casa palacio.

Fuentes del equipo de gobierno destacaron ayer que su “ánimo” es “darle solución a un problema heredado del PP”. “Estamos trabajando y conociendo los informes de otras administraciones para ver si podemos sumar al trabajo realizado en esta línea por parte del Consorcio”, insistieron. Para los sindicatos, se trata de una mera cuestión de “voluntad política”. De hecho, el delegado de CSIF en el organismo, Alfonso Rosero, redujo a simples “consideraciones personales” los reparos del secretario interventor del Consorcio que esgrime el cogobierno para frenar el proceso de promoción interna.

Un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al que la Diputación ya planteó el asunto, determina que “no resultaría posible” la “reclasificación” del subgrupo C2 al C1, ya que esta decisión “debería ser aprobada por norma con rango de ley”. Así, para evitar incurrir en fraude de ley, el Ministerio objetó que “no podrá procederse únicamente a variar las retribuciones percibidas por los funcionarios en función de si han superado o no el correspondiente proceso de promoción interna”, sino que “también habrá de atribuírseles funciones y responsabilidades diversas según cuál sea el subgrupo al que pertenezcan”.

La polémica colea desde el pasado mes de abril, cuando los bomberos rompieron años de paz social con un acto de protesta en el palacio de la Merced con el que exigieron un calendario de reuniones para que se escuchen sus demandas, la principal aplicar esta subida de categoría laboral para los bomberos conductores y los jefes de grupo. Desde entonces han sido numerosas las protestas impulsadas al unísono por UGT, CCOO, CSIF y el sindicato independiente Sibcc. El objetivo principal, “cumplir los acuerdos ya adoptados, en particular las promociones al subgrupo C1 del personal operativo del servicio, con la consiguiente asunción de funciones en base a una negociación y consenso, siempre en cumplimiento de la Ley y no a imposiciones”.

El presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, ha subrayado recientemente la “apuesta” del equipo de gobierno “por la prestación de este servicio fundamental para la ciudadanía”, con un incremento del 12% en la partida prevista para el Consorcio para el año 2019, hasta los 12,24 millones. Eso sí, Ruiz descartó que esté prevista una partida para atender la reivindicación de los funcionarios, pues “el interventor dice en un informe que no sería legal”. En este sentido, ha insistido en que desde el equipo de gobierno se buscan “fórmulas administrativas”, aunque hasta el momento no ha trascendido cuál es la metodología a seguir.

El responsable político del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), el teniente de alcalde de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Emilio Aumente, celebró la semana pasada que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, al que también ha consultado el Ayuntamiento de la capital sobre la promoción interna, le da “la razón” frente a los reparos emitidos por la Intervención.