Baena suspende la tramitación de una planta de biogás
Campiña Este
El Consistorio espera a que la Junta de Andalucía emita la autorización
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El Ayuntamiento de Baena ha informado sobre la propuesta de una empresa del sector energético para la instalación de una planta de biogás junto a las instalaciones de la extractora El Tejar. El proyecto, que se encuentra actualmente en fase de tramitación administrativa, tiene como objetivo principal ofrecer una solución medioambientalmente avanzada para la gestión de los subproductos de la industria del aceite.
La planta de biogás surge como una tecnología innovadora para abordar un desafío tradicional de la localidad: la gestión eficiente y limpia de los alpeorujos. El proyecto contempla la transformación de los alpeorujos, un subproducto inevitable de la actividad oleícola, en biogás, una fuente de energía renovable.
La instalación de un proyecto de esta envergadura está supeditada a un proceso administrativo riguroso y multinivel que garantiza el cumplimiento de todas las normativas sectoriales y ambientales.
El paso más importante y vinculante es la obtención de la Autorización Ambiental Integrada (AAI). Este permiso es imprescindible para cualquier proyecto industrial, y debe evaluar, entre otros aspectos, la viabilidad ambiental y su compatibilidad con la salud pública. La responsabilidad de conceder o denegar dicha autorización es exclusiva de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía.
El Ayuntamiento, por su parte, tramita el necesario proyecto de actuación para cumplir la normativa urbanística de la parcela, un trámite que el Ayuntamiento ha suspendido hasta que se pronuncie la Junta de Andalucía en el informe de incidencia territorial. Es en este marco donde se ha llevado a cabo, por parte del Ayuntamiento, la exposición pública, un proceso de transparencia que permite a los ciudadanos y entidades presentar alegaciones técnicas o de oportunidad.
Desde el Ayuntamiento de Baena han subrayado que la viabilidad del proyecto depende, en última instancia, de la resolución favorable de las autorizaciones que emita la Junta de Andalucía, que es la máxima autoridad competente en la materia.
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