La familia de Isabel Pacheco, una mujer de 90 años, que hubo de abandonar su casa por el derrumbamiento del suelo de la planta baja, ha debido aguardar más de un año y medio hasta que el Ayuntamiento de Lucena ha reconocido, oficialmente, su responsabilidad en unos daños que convirtieron en inhabitable el inmueble, a causa de los desperfectos e incidencias originados por unas tuberías ubicadas en la vía pública.

Alumbraba la Navidad del año 2019, justamente en las horas previas a Nochebuena, cuando la propietaria, ya nonagenaria, hubo de despedirse en contra de su voluntad de su casa, situada en el número 21 de la calle Trasmatadero, en la zona este de Lucena.

Los técnicos municipales determinaron el apuntalamiento de la edificación, por el peligro que implicaba el desmoronamiento de la superficie de varias dependencias, y la dueña de la vivienda aceptó una reubicación temporal –ya han discurrido más de 18 meses- en el domicilio de su hija, ubicado a unos metros.

Desde un primer momento, el letrado de los afectados, José Antonio Ramírez Corredera, que ha presentado diferentes documentos, sostuvo que la obligación, relativa a la asunción del coste de las obras de reparación –las oquedades presentaban unos diámetros inusuales-, concernía al propio Consistorio como titular último de las redes de saneamiento y abastecimiento comunes.

Las discrepancias jurídicas acerca de si la competencia recaía en el Consistorio o en la empresa Aguas de Lucena han dilatado este procedimiento, insufrible e inexplicable para la familia, durante más de un año y medio, lamentan, de parálisis y silencio. La propia moradora, como consecuencia de los trastornos padecidos en los últimos tiempos, ha experimentado un agravamiento de sus problemas de salud.

A comienzos del 2020, el Ayuntamiento, en primera instancia, concretamente el 20 de febrero, inadmitió la reclamación patrimonial solicitada por el abogado lucentino, al entender que interesaba a Aguas de Lucena. Transcurrido más de un año, el pasado 20 de abril, después de conocerse que Aguas de Lucena negaba cualquier intervención, el propio Consistorio revocó esta resolución, determinaba el impulso procesal de las actuaciones requeridas y solicitaba sendos informes de geotecnia y de obras, tanto del proyecto como de las actuaciones de urgencia.

El alcalde, Juan Pérez (PSOE), interpelado sobre el estado del expediente, ha anticipado que “el asunto está muy avanzado” y ha hecho referencia “a una reunión que hubo entre Aguas de Lucena y el Ayuntamiento para determinar de quién era realmente la responsabilidad”.

Definitivamente, ha confirmado el regidor socialista, “se llega a un acuerdo entre los distintos técnicos del Ayuntamiento”, al objeto de admitir la responsabilidad patrimonial y “estamos a la espera de que finalmente se culmine el informe jurídico”.

En todo caso, de manera diáfana, Pérez, ha afirmado que “esperamos que en las próximas semanas se resuelva y de manera favorable para la familia”.

La intervención imprescindible ya diseñada en la vivienda conllevará un gasto de 50.000 euros, cantidad, inasumible para la familia, y que el Ayuntamiento descargará en un seguro de responsabilidad civil por lo que, únicamente, la administración local habrá de pagar un importe mínimo.