La Diputación de Córdoba tiene previsto crear en las próximas semanas la nueva Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria, con el objetivo de prestar ayuda a las familias afectadas por desahucios y promover su realojo provisional "siempre que sea posible" en viviendas desocupadas de la ya extinta empresa provincial Provicosa, la Junta de Andalucía o el fondo social de las entidades financieras. Éste es el espíritu del expediente que hoy analizará la Comisión de Bienestar Social de la institución provincial, presidida por Felisa Cañete, y que en los próximos días podría materializarse con sendos convenios con el Colegio de Abogados y con los municipios que quieran adherirse a la iniciativa.

La nueva oficina nace tras la disolución de Provicosa y responde, además, al compromiso adquirido por el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, con Ganemos. En el último pleno, la única diputada de la agrupación de electores, María de los Ángeles Aguilera, ya manifestó su malestar por que el servicio que va a asumir las competencias de Provicosa no ampliara también sus competencias para asistir a los desahuciados, un auxilio que por fin dará la nueva oficina.

El expediente del Área de Bienestar Social asume que la situación económica actual ha provocado que numerosas familias "no puedan atender el cumplimiento de las obligaciones derivadas del pago de las rentas de arrendamiento o, en su caso, de los préstamos o créditos hipotecarios" celebrados para adquirir su vivienda. Son, por tanto, "doblemente castigados" por la crisis financiera: pierden no sólo sus empleos, sino también sus casas.

Para luchar contra esta situación, Bienestar Social considera "necesario" que la Diputación ponga en marcha "mecanismos de ayuda" adecuados a través de la ya citada Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria. El nuevo servicio, en concreto, ofrecerá programas de prevención, mediación y protección. El primero, según consta en el expediente, ofrecerá información y asesoramiento a los ciudadanos que se encuentren en la situación previa a la contratación de hipoteca o que prevean con antelación que en breve no podrán pagarla. El servicio de mediación, por su parte, prestará asesoramiento a las personas que por pérdida de empleo o falta de recursos no puedan pagar la hipoteca de su vivienda habitual. El objetivo será informarles "sobre las mejores condiciones para negociar o liquidar las deudas contraídas, así como intermediar con las entidades financieras que reclamen el pago".

El tercer programa, de protección, pretende el realojo de los afectados "siempre que sea posible" y cuando el lanzamiento del piso de alquiler o el impago de la hipoteca sea "por causas objetivas y justificadas que los sitúe en grave riesgo de exclusión social". Estas "causas objetivas" serán comprobadas por los servicios sociales municipales.

Los beneficiarios de los programas deberán estar empadronados en la provincia y que cuenten únicamente con la vivienda habitual. También tendrá en cuenta la institución provincial que se trate de deudores "de buena fe", esto es, que no existan conductas patrimoniales fraudulentas como ocultación de información relevante, de bienes o incluso fraude fiscal o laboral.

La Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria se encargará además de realizar un censo de viviendas vacías que permitan un alquiler social. El expediente de Bienestar Social advierte "de la cantidad" de inmuebles residenciales sin ocupar "por la dificultad para proceder a su venta o el alquiler". El nuevo servicio, por tanto, realizará un censo "que permita conocer la disponibilidad en los distintos municipios bien de titularidad privada, de entidades financieras o de la Junta de Andalucía" y ponerlas a disposición de las familias.