El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello (PP), ha defendido este viernes que seguirá "luchando" por el municipo y sus vecinos "con humildad, honestidad y mucho trabajo" tras el juicio por presunto acoso laboral a un trabajador del Ayuntamiento, que solicita una indemnización de 60.000 euros. Sin mencionar directamente el caso, Cabello ha expresado en Facebook que se siente "muy orgulloso de recibir tantas muestras de ánimo, apoyo y cariño", y ha subrayado que se siente "cada día más tranquilo, ilusionado y con más ganas de conseguir proyectos".

"Cada día tengo más claro a lo que vine a la política y seguiré luchando por Pozoblanco y su gentecon humildad, honestidad y mucho trabajo para hacerlo cada día mejor", ha expresado. Y ha destacado que "cada día" recuerda "el gran honor y la responsabilidad que me dieron mis vecinos para ser el alcalde del pueblo al que amo, a pesar de sufrir miles de zancadillas y piedras en el camino que me ayudan a ser más fuerte".

"En la política, al igual que en la vida, no todo vale", ha zanjadado tras expresara que "solo" siente "pena" por "los que insisten en cruzar los límites del insulto, la descalificación y el engaño con las peores armas y sin escrúpulos, con el único fin de hacer el mayor daño posible a los demás sin medir las consecuencias".

La vista oral, celebrada esta semana en un Juzgado de lo Social de Córdoba, quedó vista para sentencia. El demandante es Policía Local desde febrero de 1998 y en marzo de 2020 pasó a segunda actividad, adscrito provisionalmente a vigilancia de obras y a partir de enero de 2012 al departamento municipal de inspección de licencias de apertura. 

La situación fue a peor, siempre de acuerdo a la versión del trabajador. Como consta en la denuncia, "con la excusa de incompatibilidad de intereses" por la existencia de un negocio a nombre de la pareja del funcionario, el alcalde habría empezado a "eliminar los cometidos que desempeñaba, impidiéndole la utilización de cualquier herramienta informática y bloqueándole el acceso al programa informático". Finalmente, quedó solo capacitado para utilizar el control de presencia.

La demanda achaca al primer edil una "conducta instigadora" que, supuestamente y según el texto presentado en el juzgado, aumentó hasta el "menosprecio total" a la labor del funcionario, que en agosto de 2018 presentó ante el Ayuntamiento una denuncia por acoso laboral que "nunca fue contestada ni se inició ningún protocolo". Esto, según el letrado del demandante, le provocó al trabajador un "síndrome por ansiedad orgánica" que lo llevó a la baja médica.

Para el funcionario, estos hechos y otros narrados en la demanda retratarían un "comportamiento continuado de acoso y hostigamiento" por parte del Ayuntamiento, con la supuesta "aquiescencia, colaboración y pleno conocimiento" del alcalde. A este le atribuye una "conducta omisiva, incluso instigadora, que ha provocado daños irreparables en el funcionario" y habría vulnerado sus derechos fundamentales.