"Tomo 16 pastillas al día. Mi vida y la de mi familia ha cambiado por completo". Quien así habla es Andrés Jaut, un policía local de Pozoblanco que ha demandado por presunto acoso laboral al alcalde, el popular Santiago Cabello, y al Ayuntamiento de la localidad cordobesa, a quienes solicita una indemnización de 60.000 euros por el "grave deterioro psíquico" sufrido y la reincorporación a un puesto de trabajo "digno". El alcalde, consultado por El Día, no ha querido dar su versión de los hechos.

La vista oral, celebrada esta semana en un Juzgado de lo Social de Córdoba, quedó vista para sentencia. El demandante es Policía Local desde febrero de 1998 y en marzo de 2020 pasó a segunda actividad, adscrito provisionalmente a vigilancia de obras y a partir de enero de 2012 al departamento municipal de inspección de licencias de apertura. 

Los presuntos episodios de mobbing se remontarían a junio de 2016, cuando según la versión del funcionario "surgieron una serie de discrepancias con el alcalde por la forma de llevar los expedientes de disciplina urbanística por infracciones, ya que muchos incurrían en causa de caducidad por inactividad de la administración". Pese a que, según el funcionario, él "no ostentaba responsabilidad alguna", habría sido "señalado arbitrariamente" por el primer edil "como el culpable".

La situación fue a peor. Según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, "con la excusa de incompatibilidad de intereses" por la existencia de un negocio a nombre de la pareja del funcionario, el alcalde habría empezado a "eliminar los cometidos que desempeñaba, impidiéndole la utilización de cualquier herramienta informática y bloqueándole el acceso al programa informático". Finalmente, quedó solo capacitado para utilizar el control de presencia.

La demanda achaca al primer edil una "conducta instigadora" que, supuestamente y según el texto presentado en el juzgado, aumentó hasta el "menosprecio total" a la labor del funcionario, que en agosto de 2018 presentó ante el Ayuntamiento una denuncia por acoso laboral que "nunca fue contestada ni se inició ningún protocolo". Esto, según el letrado del demandante, le provocó al trabajador un "síndrome por ansiedad orgánica" que lo llevó a la baja médica.

En abril de 2019, de acuerdo al relato del demandante, el primer edil dictó una providencia en la que, pese a encontrarse todavía de baja, le encomendaba "una serie de actuaciones de comprobación". El texto acusa al alcalde de, supuestamente, "incrementar el hostigamiento y el acoso" al funcionario, hasta el punto de que cuando se reincorporó, de acuerdo a su versión, "no se le encomendó ninguna labor ni función, viéndose despreciado e ignorado".

Ya en septiembre de 2020, después del "largo calvario padecido", el concejal de Personal le informó verbalmente de su "traslado forzoso" a un almacén del servicio eléctrico, un lugar de trabajo con unas "condiciones inhumanas". Y es que, según el demandante, "no reunía los requisitos mínimos de limpieza, salubridad e higiene". Denunciados estos hechos, fue trasladado ahora al centro de estacionamiento de vehículos pesados, ubicado fuera de Pozoblanco y cuya situación también se puso en conocimiento de la Inspección de Trabajo. La autoridad laboral acreditó "graves irregularidades", como asegura la denuncia.

Para el funcionario, estos hechos retratarían un "comportamiento continuado de acoso y hostigamiento" por parte del Ayuntamiento, con la supuesta "aquiescencia, colaboración y pleno conocimiento" del alcalde. A este le atribuye una "conducta omisiva, incluso instigadora, que ha provocado daños irreparables en el funcionario" y habría vulnerado sus derechos fundamentales.