Un centro diurno que dignifica y normaliza la salud mental, arraigado durante el último cuarto de siglo en Lucena, radica, desde hace unos días, en Cabra. Un cambio de sede controvertido, tenso y confuso por las discrepancias políticas e institucionales desatadas y las antagónicas versiones manifestadas. El PP culpa al equipo de gobierno socialista de “poner en la calle” a Faisem, tesis reafirmada por la fundación regente del servicio; y el Ayuntamiento mantiene que el traslado obedece a una decisión deliberada y unilateral.

“Atropello”, insensibilidad o “nefasta” gestión son algunas de las expresiones verbalizadas por el Partido Popular –este último jueves- en la primera comparecencia pública de una polémica intrincada entre causas administrativas, económicas u operativas.

La Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Enfermos Mentales y el Partido Popular comparten, a grandes rasgos, idénticos razonamientos. El principal grupo de la oposición en Lucena fija el origen del traslado del recurso asistencial a Cabra en “la denuncia” formulada por el alcalde, Juan Pérez (PSOE), contra el convenio suscrito y prorrogado, desde el año 1995, en cuya virtud el Ayuntamiento aportaba dos trabajadoras y asumía gastos ordinarios, y Faisem transfería, en cada ejercicio, 31.000 euros. Esta entidad, instituida en 1993, añade que vinculaciones de la misma naturaleza siguen plenamente vigentes en localidades de la provincia como Montilla, Cabra, Palma del Río, Montoro, Priego de Córdoba, Peñarroya y Pozoblanco.

Un día después de la incisiva alocución de los populares, el regidor lucentino, “dolido” personalmente por las acusaciones y “el ataque” contra el Consistorio, argumentaba que una modificación en la ley de contratos exigía, desde 2018, reformular el acuerdo porque las administraciones locales carecen de competencias propias en materia de salud de mental. Reiteradamente, Pérez ha insistido en aseverar que Faisem resuelve marcharse por una motivación “propia”, subrayando que el Consistorio siempre ha procurado articular alternativas tendentes a conseguir prolongar y afianzar su establecimiento en Lucena.

El Ayuntamiento exige 5.800 euros a Faisem

Otra de las aristas constitutivas de esta divergencia incumbe a las instalaciones de la calle Jaén facilitada por el Ayuntamiento, desde 2013, a esta organización autonómica. El portavoz del PP, Francis Aguilar, desliga esta cesión del convenio y expresa su profunda indignación por el abono de 5.800 euros que Suvilusa, empresa municipal, reclama a Faisem por el uso del inmueble en el primer semestre del 2020. “Solo lo han usado dos meses y medio”, a causa del confinamiento y la salida hacia Cabra en mayo, apuntaba Aguilar, agregando que ignoran, desde su grupo, la formalización de contrato de arrendamiento alguno.

“No tenemos por qué pagarlo”, defiende Fernando Castro, delegado provincial de Faisem, agregando que las únicas comunicaciones asociadas a este punto concreto son los requerimientos consumados de las deudas, después de “pedir que nos dejen la cesión, por tiempo indeterminado, ajustándonos a lo aprobado por la junta de gobierno local en 2013”. Castro sentencia que los episodios desencadenados en Lucena “no nos han ocurrido en ningún sitio”.

Admite Juan Pérez que Suelo y Vivienda de Lucena solicita, “por lógica”, a Faisem la satisfacción seis mensualidades, a razón de 806 euros, puesto que desde enero ninguna relación une a ambas partes. “Seguían y pagaban el alquiler, estaba atado”, resume Juan Pérez, resaltando que el consejo de administración de Suvilusa validó las nuevas condiciones. Al final, “se van y no nos dicen nada”, indica el alcalde, remarcando que supo del cierre del centro “el último día de mayo”.

El PP pide la comparecencia de la edil de Servicios Sociales

Una instancia, registrada por el PP, emplaza a la concejala de Servicio Sociales, Carmen Gallardo, a comparecer en sede plenaria y avanzan que le pedirán “responsabilidades”.  Los populares esgrimen que el perjuicio infligido a los usuarios y sus 18 familias, de Lucena y sus aldeas, les impedían “quedarse de brazos de cruzados”, le reprochan al gobierno municipal su intención de endilgar a Faisem “la subrogación de las dos empleadas” y repiten que “no han tenido conocimiento de nada” en la comisión de Bienestar Social.

En contraposición, el alcalde presume que, cuando menos, desde el último septiembre, cuando compartió una reunión en Sevilla con la gerente de Faisem, esta fundación ya preparaba la unificación en Cabra de sus recursos –en este municipio ostentan una casa hogar y acceder a la Unidad de Salud Mental del Hospital Infanta Margarita-. Juan Pérez alega que los constantes propósitos del Consistorio –orales y escritos- nunca han obtenido respuesta y abunda en que “los motivos no son económicos” porque, precisamente en este ejercicio, “ya no pidieron la renovación del convenio.

El Ayuntamiento “siempre se ha interesado por Faisem” –y así “lo hemos comentado en junta de portavoces”-, enfatiza el regidor, recordando que, desde 1995, las arcas municipales han sufragado alquileres y adecuaciones de espacios. Finalmente advierte de que “las 42 plazas del centro continúan adscritas a Lucena”, deslizando que Faisem arguyó que los 15 beneficiarios actuales convertían “en deficitario” un servicio que “nunca es deficitario porque su carácter es social y no puede prevalecer lo económico”.

En todo caso, Fernando Castro, persiste en puntualizar que la cesión de las dependencias municipales en Lucena “sigue vigente, nadie ha roto eso”, al tiempo que reconoce que “se pierde el servicio en Lucena, pero se potencia en Cabra”, funcionando ordinariamente la estancia de día en el Centro Municipal Integrado.