Cuatro de las cinco fuerzas políticas del Ayuntamiento de Lucena han acordado intentar de nuevo un aumento de los sueldos de las trabajadoras de la ayuda a domicilio en el nuevo pliego que ha de licitar este servicio. Es un pacto entablado entre el equipo de gobierno socialista, PP, Ciudadanos y Vox, y que rehúsa respaldar Izquierda Unida, formación que reclama la gestión directa.

Este “consenso definitivo y unánime, con todos los grupos”, como lo ha calificado la concejala de Servicios Sociales, Carmen Gallardo (PSOE), posibilita otro intento –el cuarto en un año- para atender la reivindicación primordial de las 180 trabajadoras de este sector en Lucena: un incremento salarial del 2,5%.

Hasta ahora, recursos sucesivos y tácticos de las licitadoras y la oposición de Secretaría e Intervención han impedido reflejar esta subida en los sueldos. La argumentación que esgrimirán en el expediente vinculará la elevación de las retribuciones con un progreso y reforzamiento de una prestación asistencial prorrogada, a Servisar Servicios Sociales, desde hace un año.

La concejala socialista ha admitido que afrontan la inclusión de “estás cláusulas de mejora”, aunque son conscientes de que “puede ser motivo de impugnación”. El Ayuntamiento requerirá informes tanto al secretario como a profesionales externos “para que nos digan si es posible".

En términos generales, Gallardo ha explicado que el documento reconfigurado “mantiene”, salvo “algunas modificaciones”, las premisas y requisitos contenidos en el texto sometido a votación en la comisión de Bienestar Social de marzo y que también obtuvo la desaprobación de Izquierda Unida.

Al respecto del resto de demandas planteadas por las empleadas, Carmen Gallardo se ha limitado a indicar que “no puedo decir nada” porque, puntualiza, ha de “contrastarse” con el secretario y corregir distintas disposiciones. Las auxiliares solicitan un descanso de 15 minutos por cada cuatro horas de trabajo continuado; una estabilidad mínima de la plantilla del 90%; y percibir, desde el primer día de baja por enfermedad común, un 60% o 75% de la nómina.

Los fondos propios del Ayuntamiento soportarían el crecimiento del precio delineado, ya proyectado desde enero. La Junta abona, como máximo, 13 euros por hora, un importe “deficitario y precario”, a juicio de Carmen Gallardo, quien ha reiterado que resulta, esta cantidad, insuficiente incluso para sufragar los costes salariales.

Para concluir, señalaba que desde los Ayuntamientos “no somos nadie para decirle a una empresa qué debe pagar o aportar, para esto están las mejoras que se plasman en el pliego, las empresas ofertan y nosotros elegimos al mejor postor”. Al mismo tiempo, añadía que, en Andalucía, ciertos municipios fijan “hasta en 18 y 23 euros” la estimación base y concreta que “buscamos el buen hacer del usuario, sobre todo, aunque también de las trabajadoras”.