El grupo provincial de Vox en la Diputación de Córdoba ha pedido explicaciones sobre posibles irregularidades a la hora de ponerse la vacuna varios trabajadores de la institución provincial, en este caso, sindicalistas. La duda lleva coleando varios días en el seno de la Diputación, y ayer mismo, el portavoz adjunto del PP, Félix Romero, también dejó entrever que podrían existir posibles irregularidades.

Ahora, el portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco, ha entregado una pregunta directamente al presidente, Antonio Ruiz, para que lo aclare todo. Y es que, según Vox, "en los últimos días hemos tenido conocimiento, por comentarios que han venido de diferentes fuentes, de una posible irregularidad en el protocolo de vacunación que afecta a trabajadores de la Diputación Provincial".

Según ha dicho Saco, a su grupo han llegado "informaciones diversas referidas a vacunaciones irregulares en el centro de discapacitados". Concretamente, se ha referido a "representantes del sindicato UGT" que "habría sido vacunados con una primera dosis en el mes de enero y con una segunda el pasado jueves". Además, "en esa misma fecha habrían recibido su primera dosis de la vacuna representantes sindicales de USO", ha añadido.

Desde Vox han advertido que las informaciones recibidas también hablan de que estos hechos podrían haber provocado que se "haya dejado sin las mismas [vacunas] a trabajadores del propio centro, lo que supone una situación muy grave y de la que deben dar las explicaciones pertinentes".

En el escrito para Antonio Ruiz, Vox pide que "se confirme o se desmienta", en primer lugar, la veracidad de los hechos y que se "especifique" si los mismos "se ajustan a protocolo", así como los "términos" de dicho protocolo y "quiénes han sido las personas beneficiarias de esas vacunas y en virtud de qué situación la han recibido antes que otras".

Por último, el diputado de Vox ha pedido también por escrito que "se confirme o desmienta cada una de la informaciones que hacemos llegar en cuanto a las vacunaciones de liberados sindicales de USO y UGT y en el caso de confirmar los hechos que no atiendan al protocolo, se depuren responsabilidades y se denuncien los mismos ante las autoridades sanitarias y cualesquiera otras pertinentes, sin perjuicio de solicitar posibles sanciones o al menos dimisiones de los cargos de representatividad que sustentan".