Las justificaciones expresadas y deslizadas desde la Junta y el Gobierno central apuntan al equipo médico del Hospital Reina Sofía como competente último en la prescripción del único fármaco que atenúa, en el organismo de Teresa Muñoz, las ramificaciones de la esclerosis múltiple primaria y progresiva que sobrelleva desde hace años.

Meses de perenne tenacidad familiar -desde que en febrero del 2020 esta vecina de Aguilar de la Frontera dejara de percibir el Ocrelizumab- han conseguido empezar a desembrollar un laberinto tortuoso e insufrible.

Tanto en una llamada telefónica directa, a la paciente, como en comisión parlamentaria, a pregunta de Adelante Andalucía, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, manifestó que “la financiación no iba a ser nunca un problema”, una afirmación opuesta a los sistemáticos argumentos facilitados desde el complejo universitario cordobés.

En una línea similar, la familia de Teresa ha conocido por fuentes del Ministerio de Sanidad que la potestad recae en los especialistas del Reina Sofía.

Ambas aclaraciones –estatal y autonómica- hacen inferir a Alejandro Nieto, yerno de Teresa y portavoz de esta reivindicación asentada ya en más de 100.000 firmas, que se han topado con “un caso de total discriminación para recortar gastos”.

"Reducen costes a costa de la salud de mi suegra"

Teresa Muñoz y sus allegados más próximos han “comprobado” que “la autoridad” para suministrar gratuitamente el fármaco pertenece en exclusiva al Reina Sofía. Achacan la suspensión del fármaco a una decisión económica a fin de “reducir” costes en la unidad de Farmacia. “Lo hacen a costa de la salud de mi suegra”, sentencia Alejandro Nieto.

En una carta remitida al director médico del Reina Sofía, relatan que en el neurólogo de referencia, en la última consulta obtenida, el pasado 13 de enero, al tiempo que admitía que es la medicación “más adecuada”, sostuvo que su concesión, a través del sistema sanitario público, se hallaba “en vía muerta”.

Desde el centro hospitalario, les espetaron, como única alternativa, que la propia familia costee un inmunosupresor cuyo importe anual asciende a 20.000 euros. “Para nosotros es económicamente inviable, imposible”, enfatizan desde la familia.

Hace semanas que, sin lograr una respuesta positiva, Teresa Muñoz solicita una cita presencial en el Reina Sofía. La familia, además, ha constatado cuatro hospitales de España, concretamente, en Barcelona, Alicante, Albacete y Murcia, recetan las mismas inyecciones a pacientes con idéntica ficha técnica y cuadros clínicos que esta mujer de 62 años.  

La Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple de Andalucía, a través de su equipo jurídico, respalda la demanda de Teresa y su familia y avala “la excepcionalidad” requerida para prolongar el tratamiento más allá de los 55 años. De hecho, la propia Teresa Muñoz lo recibió cuando ya había superado los 60 años.