Readmiten a los jornaleros tras protestar por la contratación ilegal de extranjeros

El alcalde, que el sábado reconoció que estas situaciones son "vox populi", se presenta en la finca para asegurarse de que los empleados vuelven a su puesto · IU subraya la imposibilidad de contratar a foráneos

Ruiz Almenara y Romero dialogan con algunos de los jornaleros readmitidos.
Belén Higueras

vega del guadalquivir, 05 de diciembre 2011 - 05:01

La protesta de los 23 jornaleros de Palma del Río por la contratación ilegal de un grupo de trabajadores extranjeros y su consiguiente despido dio ayer sus frutos al resultar readmitidos por su Empresa de Trabajo Temporal (ETT). La cuadrilla se reincorporó con normalidad en una finca situada en la carretera del Mohíno para continuar con la recogida de naranjas. Según explicó el manijero de este grupo de palmeños, el pasado sábado por la mañana fueron a trabajar en la recolección de frutos tal y como habían acordado con el responsable de la ETT Ayser Activity y como lo venían haciendo desde hacía dos días. Alli mismo se encontraron con que había otros 80 trabajadores extranjeros que, por hacer el mismo trabajo que ellos, cobraban menos de la mitad de lo estipulado en el convenio provincial. Según los datos aportados por parte de los jornaleros, iban percibir menos de 20 euros al día frente a los 43,65 euros que han de abonarse.

La movilización de los empleados tomó tal cariz que el propio alcalde de la localidad, José Antonio Ruiz Almenara, y el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento palmeño, Manuel Romero, decidieron acompañar ayer a los jornaleros hasta la finca de naranjos porque la ETT les había dicho que se incorporaran a su trabajo y querían asegurarse de que lo harían sin complicaciones. De hecho, los 23 jornaleros pudieron reengancharse al tajo con normalidad y también lo hizo otra cuadrilla de palmeños. Aun así, Ruiz Almenara y Romero hablaron con los empleados para intentar aclarar lo ocurrido y les informaron de la existencia de un documento de buenas prácticas agrícolas para la campaña de cítricos que, entre otras cosas, establece que los empresarios deben de gestionar las ofertas de empleo a través del Servicio Andaluz de Empleo para acabar con las contrataciones ilegales.

Tanto Ruiz Almenara como Romero lamentaron que, con la existencia de tantas figuras intermedias hasta llegar a la contratación del trabajador, sea éste el que finalmente salga perdiendo. El alcalde palmeño, que el sábado reconoció que este tipo de situaciones son "vox populi", insistió en la necesidad de cumplir "a rajatabla" el convenio provincial del campo y pidió que no se rompa el equilibrio que existe en Palma del Río entre la oferta y la demanda de empleo que se ha conseguido gracias a que hay trabajo prácticamente todo el año.

El portavoz de IU, por su parte, invitó a los trabajadores a que se pongan en contacto con esta formación política cada vez que conozcan un caso de ilegalidad en los tajos pero "de manera discreta" para poder certificarlo "in fraganti". Además, añadió Romero, con cinco millones de parados en España el contingente de inmigración es cero con lo que no se pueden contratar a extracomunitarios ni a búlgaros y rumanos que carezcan de permisos de residencia y de trabajo.

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