Si uno tiene la fortuna de residir en Córdoba capital, Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez o Pozoblanco, su renta media anual puede engordar hasta los 22.000 euros; si vive en Nueva Carteya, el salario del año apenas sumará 13.000 euros. Lo ha desvelado esta semana la Agencia Tributaria teniendo en cuenta las declaraciones de la renta presentadas en 2017 en las localidades de más de 1.000 habitantes y, a grandes rasgos, el informe dibuja lo evidente: una desigualdad de casi 9.000 euros entre unos municipios y otros, una precariedad laboral acuciante en las localidades de menor renta, una enorme dependencia de las prestaciones sociales.

Dejando a un lado el caso de Córdoba capital, donde la industria y el empresariado tiene su peso, y aunque suene políticamente incorrecto, las prestaciones son el motivo de que varios municipios del Alto Guadiato se encuentren en los puestos altos de la tabla, como Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez o Espiel. Y es que la sombra del pasado minero llega hasta la actualidad, y son precisamente las elevadas jubilaciones lo que mantiene a estos municipios a flote. Porque la situación actual es muy preocupante: una alta tasa de desempleo, infraestructuras deficientes y el fantasma cada vez más visible de la despoblación ronda en cada esquina.

Así que más allá de la frivolidad y de la morbosa comparativa de cuánto gana el vecino del pueblo de al lado, el informe de la Agencia Tributaria debería servir para iniciar una profunda reflexión sobre el sostén económico de las localidades de Córdoba. Pues, si se mira a la parte baja de la tabla, la situación es desalentadora. En Nueva Carteya, Iznájar, Moriles, Villaralto o Cardeña, el salario bruto mensual declarado apenas suma 1.000 euros de media, lo que quiere decir que gran cantidad de vecinos se encuentran por debajo de esa cantidad.

Las generalizaciones son delicadas, pero se trata a grandes rasgos de localidades atadas social y económicamente al campo, sobre todo del olivar, con todo lo que ello conlleva cuando el desarrollo empresarial es deficiente y no existe una trama que permita que el valor añadido de los productos agrarios se quede en el territorio: salarios bajos, temporalidad y una absoluta dependencia del volumen de la cosecha. El caso más paradigmático es el de Nueva Carteya, donde la economía familiar de miles de vecinos depende cada campaña de los jornales de la aceituna, con todo lo que ello conlleva si la cosecha es corta y no se reúnen las peonadas suficientes.

La reflexión que debería abrirse es qué puede hacerse para mejorar los datos, para borrar las diferencias entre unas localidades y otras y para que las oportunidades sean similares. La respuesta, desde luego, no es fácil, pues depende de muchos factores. Sí es evidente que las infraestructuras son claves para el desarrollo económico y social. Las buenas comunicaciones parecen un factor clave para que Puente Genil, Montilla, Cabra, Lucena o Fernán Núñez se encuentren en la parte alta de la tabla; también parecen decisivas para que Iznájar, Villaralto, Valenzuela, Adamuz, Almedinilla o Pedroche estén en la parte baja.

Aquí hay que sumar entre todos, desde los ayuntamientos que tienen la responsabilidad de poner en carga suelo para empresas o de que los polígonos industriales estén en condiciones óptimas, hasta el Gobierno central o la Junta de Andalucía, competentes en infraestructuras y carreteras y responsables de que, por ejemplo, los trenes de Cercanías sean una quimera en la provincia o de que haya autovías pendientes de desarrollar desde hace décadas. También el empresariado, la Cámara de Comercio o el tejido asociativo y social tienen cosas que aportar más allá de la crítica reiterada y la queja.