El Pleno aprueba recortar 550.000 euros en sueldos de políticos y personal de confianza

La corporación 2011-2015 de la Diputación echó a andar ayer formalmente con la celebración del Pleno orgánico con el que se estructura el trabajo de los grupos políticos de la institución, una sesión en la que el equipo de gobierno volvió a insistir en la necesidad de tomar medidas de austeridad en la gestión. Lo resumió claramente el portavoz del PP y del equipo de gobierno, Andrés Lorite, al asegurar que con las aprobaciones de ayer "damos el primer paso en materia de austeridad, pero no el único, porque habrá muchos más". Según las cifras facilitadas por el equipo de gobierno del PP y por su portavoz, la reducción de los gastos en el capítulo de sueldos de diputados, personal del Área de Presidencia y asesores y trabajadores de los grupos políticos es de casi 552.000 euros respecto al organigrama acordado en el verano de 2007, el primer año de la anterior corporación.

La bajada más llamativa se ha producido en el Área de Presidencia, principalmente por la reducción de asesores de la presidenta, que pasa de los diez del mandato anterior a los cuatro actuales. A ellos hay que sumar un jefe de gabinete, un secretario particular, el responsable de la Oficina del Defensor de la Ciudadanía y un jefe de comunicación, lo que se traduce en 225.000 euros, un 44% menos que lo pactado en 2007.

Mucho menos -unos 64.000 euros- es el ahorro en los asesores y personal de los grupos, que pasa de 772.000 euros (según expuso Andrés Lorite) a los 708.000 de los que se dio cuenta ayer en el Pleno. Esta cantidad se reparte entre seis asesores políticos (cuatro del PP, uno de IU y uno de UCOR) y 15 administrativos, de los que siete corresponden a los populares, cinco al PSOE, dos a IU y uno a UCOR. Además, habrá siete auxiliares administrativos, cuatro para el PSOE y tres del PP.

En cuanto a las retribuciones de los políticos, alcanzan algo más del millón de euros (1.038.746), que se repartirán entre los 22 diputados provinciales que tendrán dedicación exclusiva, excepto José Antonio Fernández (PP), Ana Carrillo y Antonio Sánchez Villaverde, por el PSOE; Alfonso Osuna, de IU, y Rafael Gómez, de UCOR. El sueldo anual de la presidenta, María Luisa Ceballos, será de unos 58.000 euros, 52.500 cobrarán los tres vicepresidentes, 47.400 los diputados con delegación y los portavoces, y 41.300 euros el resto de integrantes de la corporación liberados sin delegación.

Además, en la sesión aprobaron los miembros de las comisiones informativas y los órganos en los que está representada la Diputación, además de las celebraciones de los plenos, que tendrán lugar el tercer jueves de cada mes. La única objeción vino del portavoz del UCOR, Carlos Baquerín, quien expuso que debido a que no se contemplaba la existencia de cuatro grupos en la corporación, el suyo se ha quedado fuera de algunos órganos, "algo que el gobierno se ha comprometido a corregir", dijo.

Mientras, Lorite resaltó la "responsabilidad y compromiso" de los grupos de la oposición respecto a la organización de la entidad supramunicipal. Desde las filas socialistas, Salvador Blanco insistió en que la prioridad debe ser la firma de los convenios para que los ayuntamientos puedan contar con los fondos de la Diputación para las obras del PER, "ya que ahora no hay campañas agrícolas". El portavoz socialista precisó que realizarán una oposición "leal y constructiva", si bien echó en falta la convocatoria a los portavoces de los grupos.

En esa misma crítica abundó el portavoz de IU, Francisco Martínez, quien también dijo estar sorprendido de que Ceballos no muestre "un gesto de convocar una junta de portavoces de cortesía". El dirigente justificó la actitud de la presidenta diciendo que "al PP le ha sobrevenido una responsabilidad [el gobierno de la Diputación] que no esperaban". Por su parte, la presidenta respondió que no ha convocado porque "formalmente" no estaban designados, pero que serán llamados la semana que viene.

Una de los gestos del Pleno fue la despedida del que ha sido secretario general de la Diputación en los últimos 30 años, Cristóbal Toledo.