Con la abstención de los grupos de la oposición, IU y PP, y el voto favorable del grupo socialista, que ostenta la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Montoro, el Pleno ha aprobado de forma definitiva el documento técnico que identifica y delimita los asentamientos urbanísticos y ámbitos de hábitat rural diseminados en suelo no urbanizable del término municipal a fin de dar cumplimiento al decreto de la Junta de Andalucía de 2012. El expediente ha sido redactado por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU) de la Diputación de Córdoba, y tiene en cuenta las valoraciones contenidas en el informe preceptivo emitido por la Delegación en Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

La alcaldesa de Montoro, Ana María Romero (PSOE), destacó durante la sesión plenaria que el documento "proporciona cierta seguridad jurídica al establecer un primer paso en el procedimiento para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación para edificaciones en suelo no urbanizable". Esto incluye edificaciones construidas sin licencia urbanística o contraviniendo sus condiciones que ya habían agotado el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido. Podrán inscribirse en el registro de la propiedad, si bien a estas viviendas "no se les podrá conceder licencia de ocupación o utilización".

Romero concretó que, de las agrupaciones de edificaciones estudiadas, se ha identificado un único asentamiento urbanístico en el municipio, los llamados Huertos Familiares de San Fernando, que se sitúan a dos kilómetros del casco urbano. La alcaldesa resaltó que la aprobación del documento va a posibilitar el acceso de estas edificaciones a los servicios básicos. Eso sí, con instalaciones de carácter autónomo y ambientalmente sostenibles, aclaró. Excepcionalmente, además, el Ayuntamiento podrá autorizar la acometida a la red general de abastecimiento de agua, saneamientos y red eléctrica, siempre que ésta esté accesible y la compañía suministradora acredite la viabilidad de la acometida. Desde que la Junta aprobó el decreto, son numerosos los municipio que han adoptado sus normas.