Los sindicatos, apoyados por las asociaciones de familias, se han posicionado este miércoles de manera unánime en contra de la eliminación de aulas en los colegios Santuario y Colón, en Córdoba capital, y en el Virgen del Valle, en Lucena.

CSIF ha presentado tres escritos en la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para reclamar una segunda unidad más del Segundo Ciclo Infantil de 3 años en Santuario y Colón, dada la "alta demanda" que han tenido en el reciente proceso de escolarización, y que no se retire la oferta educativa de dos aulas con la que contaba el Virgen del Valle.

El responsable de  Educación de CSIF Córdoba, Antonio Pachón, informa de que, en el caso de los centros de la capital, cuentan actualmente cada uno de ellos con solo una unidad en este nivel educativo con 25 plazas. Sin embargo, en el reciente proceso de escolarización que tuvo lugar en marzo el Santuario recibió 29 solicitudes y el Colón llegó a las 36.

CSIF considera que la Administración, al negarse a aumentar esas unidades, está contraviniendo su propio Decreto 21/2020, que indica que “en la asignación de plaza escolar al alumnado de los centros escolares públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas del Segundo Ciclo de Infantil es responsabilidad de la Consejería competente en materia de educación asegurar que el procedimiento goce de la mayor transparencia, conjugando la libertad de las familias para elegir el centro escolar de sus hijos e hijas”.

Delegados sindicales de CSIF Córdoba.

Del mismo modo, ese texto legislativo señala que “se entenderá por demanda social la prioridad de elección de centro educativo que una familia desee para la escolarización de sus hijos e hijas partiendo de la planificación que realice la Administración educativa”.

En lo que se refiere al Virgen del Valle, el representante sindical asegura que la intención de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de eliminar la segunda unidad de Infantil en este centro el curso que viene “supone una discriminación a las familias que han elegido este centro y un grave perjuicio para el profesorado al perderse personal”.

CSIF Educación Córdoba ha elaborado un estudio con los datos de la propia Consejería sobre la creación y supresión de unidades en los últimos cinco años que indica que en este periodo se han eliminado de 189 unidades en la Educación Pública cordobesa (55 de Infantil y 134 de Primaria), frente a las 12 unidades que se cerraron en la concertada (2 de Infantil y 10 de Primaria). Asimismo, el informe indica que, en el caso de los ciclos formativos de grado superior hay un aumento de unidades del 23% en centros públicos, mientras que en los concertados esa oferta se ha elevado casi un 50%.

Pachón lamenta que “los números no engañan y, según nuestro estudio, esta continua eliminación de unidades y consiguiente pérdida de personal, demuestran claramente una predisposición por parte de la Consejería a suprimir aulas de forma exclusiva en la Enseñanza Pública desde hace muchos años, restringiendo, además, la posibilidad de restitución de dichas unidades cuando la situación cambia y son las familias las que lo están solicitando, coartando la libre elección de colegio para sus hijos”.

Protesta a las puertas de la Delegación

Protesta de los sindicatos de Educación en Córdoba.

Por su parte, CCOO, Ustea, ANPE y SIEP, junto a las AMPA de los colegios, se han concentrado a las puertas de la Delegación de Desarrollo Educativo para protestar por el cierre de aulas decretado por la Delegación.

Durante la protesta, se ha dado lectura a un manifiesto en el que se afirma que las decisiones administrativas relativas a la eliminación de líneas educativas en la escuela pública que se toman desde la Junta son "precipitadas, porque las supresiones de líneas se producen a finales de enero y principios de febrero, cuando aún ni ha comenzado el mes de la escolarización ni por supuesto las jornadas de puertas abiertas de los centros; arbitrarias, porque no afectan por igual a todos los centros sostenidos con fondos públicos; injustas, porque cercenan la oferta a priori boicoteando así la posterior posible demanda; injustificadas, porque en muchos de los centros con líneas supresas la demanda supera a la oferta con creces; y son, sobre todo, planificadas, porque por encima de su competencia administrativa parecen responder a fines políticos.

Eliminar líneas es el 2primer paso hacia la lenta y agónica desaparición de un colegio". "Estas decisiones afectan de manera directa a la labor educativa de los centros públicos implicados, dejando morir comunidades de aprendizaje, proyectos de integración y de conciliación de familias enteras", denuncian.

Para los sindicatos, se trata de un "ataque de facto a la pública, que quebranta los derechos de alumnado, familias y docentes. No estamos pidiendo la apertura de líneas nuevas, estamos exigiendo que dejen de cerrar las existentes que, además, cuentan con demanda suficiente para su mantenimiento".