El pacto de investidura forjado entre PSOE e IU y que apuntaló la elección del socialista Juan Pérez como alcalde de Lucena, tras las elecciones locales de junio del 2019, contenía, como condición exigida por Izquierda Unida, devolver al Ayuntamiento, con recursos estrictamente municipales, la gestión del cobro de la tasa del agua.

Transcurrido un año y medio desde la celebración de los comicios que concedía a los socialistas una mayoría simple, el equipo de gobierno ya ha activado un procedimiento que culminará, presumiblemente, a finales de 2021 o, en los plazos más pesimistas, al comienzo de 2022, con la recuperación de este servicio público.

Un estudio de viabilidad previo concluye que Aguas de Lucena, la empresa municipal que asume el suministro hídrico –otra reivindicación identificativa de IU-, dispone de personal suficiente para absorber esta función encomendada, desde el año 2014, a Hacienda Local, un organismo dependiente de la Diputación de Córdoba.

En cambio, sí es indispensable adquirir e implantar programas y soportes informáticos y tecnológicos que automaticen y diligencien los correspondientes trámites.

Actualmente, Aguas de Lucena, con el asesoramiento del Consistorio, avanza en la redacción del pliego que sustenta el contrato de compra e instalación del material técnico, así como el mantenimiento y la actualización y la formación de los trabajadores.

El coste total de esta inversión, por los cálculos examinados, se cifra, como máximo, en 60.000 euros.

Anualmente, la institución provincial cobra al Ayuntamiento de Lucena un 4% de la facturación total, estipulada en unos tres millones de euros, por la actividad derivada de esta recaudación.

Las previsiones del Ayuntamiento estiman que, en uno sólo ejercicio, se amortizaría holgadamente –con el ahorro que supondría la desvinculación del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local, cuantificado en 120.000 euros- el desembolso global que requiere la reabsorción de esta atribución.

En la última sesión plenaria extraordinaria, Juan Pérez, avanzaba que “los pliegos están prácticamente acabados” y fijaba “antes de final de año” la publicación del concurso público pertinente.

Asimismo, precisaba que la previsión de ingresos y gastos que maneja el consejo de administración de Aguas de Lucena, a efectos del ejercicio 2021, contempla las alteraciones económicas que se desgajarán de la transición desde la conclusión de la vinculación con Hacienda Local hacia un modelo de gestión propia de la tasa del agua.

Al conocer estos anuncios, el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Villa, formación que ha promovido esta modificación, expresa que “nos debemos sentir contentos todos” porque, en cualquier caso, agrega, “esto va a suponer un ahorro para la Corporación y se mejorará la gestión del servicio público”. En un futuro, vaticina, la tasa  “posiblemente” se convertirá “en una prestación pública”.

Con anterioridad a 2014, una empresa mixta constituida por el Ayuntamiento y la compañía privada Aquagest –y cuya disolución dictaminó el TSJA-, administró, durante varios años, la proporción del servicio básico del agua en el término municipal de Lucena. Varios años después, tanto el suministro como la gestión del cobro se abordarán mediante una fórmula absolutamente municipal.