La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, y el rector de la Universidad de Córdoba (UCO), José Carlos Gómez Villamandos, han firmado un convenio para avanzar en la preservación genética de especies susceptibles de caza presentes en Andalucía, empezando por la tórtola europea. Gómez Villamandos ha explicado que miembros de la Unidad de Investigación en Recursos Cinegéticos de la UCO será la encargada de llevar a cabo estos trabajos “con los que se busca una actividad cinegética más sostenible”, ha indicado.

Entre otros aspectos, ambas instituciones unirán recursos para evaluar las condiciones ambientales, genéticas y de seguridad y sanidad animal que deben regir en el desarrollo de la actividad de las granjas cinegéticas. Esta cooperación se articula atendiendo a un convenio de dos años de duración que contempla, entre otras actuaciones, impulsar el conocimiento de la situación actual de las granjas cinegéticas y otras instalaciones ligadas a la cría en cautividad de especies susceptibles de caza. También prevé el análisis de posibles actuaciones de mejora.

“La caza sostenible es capital para fijar la población en los municipios rurales de Andalucía donde vive el 66% de la población”, ha recalcado Crespo, antes de señalar que la actividad cinegética da trabajo a más de 45.000 personas de forma directa e indirecta en la región, genera 71 millones de euros de beneficios directos y suma 256.000 cazadores, de los cuales más de 100.000 están federados.

Crespo ha destacado que Andalucía “cuenta con más de 7.500 cotos de caza”. En muchos de ellos se contempla la repoblación con especies cinegéticas o las sueltas de animales, si bien es necesario contar con los espacios denominados escenarios para poder realizar esta segunda actuación.

En ambos casos, estas acciones están sujetas a una normativa estricta para evitar que, por ejemplo, se vea afectada la dinámica de las poblaciones naturales. La genética de los ejemplares criados en granjas no puede ser diferente a la de los animales silvestres, para evitar que pueda aparecer hibridaciones. Por esta razón, todos los ejemplares legalmente liberados en el medio natural deben disponer de una certificación genética. En el caso concreto de las perdices, deben provenir de granjas certificadas u homologadas; en el caso de caza mayor, contar con certificados desde la granja de origen.

Ante esta situación, entre las iniciativas previstas en el convenio se encuentra el estudio de las sueltas y repoblaciones de especies cinegéticas que se realizan actualmente con el fin de establecer el tamaño y proporción adecuados para la ejecución de estas medidas de gestión en los terrenos andaluces, así como los controles genéticos de los animales producidos en las granjas o transportados desde instalaciones de este tipo ubicadas fuera de la comunidad para su incorporación al medio natural andaluz.

Por otro lado, la colaboración entre estas dos instituciones incluye también la realización de censos y de un seguimiento científico, de supervivencia y productividad de la tórtola europea (Streptopelia turtur) con el fin de aportar la información necesaria para el desarrollo de un Plan de Caza Adaptativo. Esta planificación base es necesaria para la gestión sostenible de su captura en Andalucía.

El convenio recoge también que la Unidad de Investigación de Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la Universidad de Córdoba continuará ofreciendo asesoramiento científico a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en materia cinegética. El montante económico del convenio asciende a 340.000 euros de la Junta y 300.000 de la UCO.

Orden de vedas

En su intervención, la consejera ha anunciado que el Consejo de Gobierno de la próxima semana aprobará la nueva orden de vedas que regulará el calendario de campaña de caza en Andalucía. Crespo ha señalado que la nueva orden responde a una serie de factores que condicionan la actividad cinegética, tales como el cambio climático,la situación de  excepcional sequía que atraviesa la región, la evolución de ciertas especies avícolas y sus períodos de reproducción. Estos factores han llevado a la necesidad de esta modificación siguiendo estudios científicos de la Comisión Europea.