El presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de la Diputación de Córdoba, Francisco Ángel Sánchez y la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Rocío Ruiz, han mantenido una reunión en el Parlamento de Andalucía para analizar la situación de los Servicios Sociales y la Atención a la Dependencia en la provincia. Durante el encuentro, Sánchez ha trasladado a la consejera “la necesidad de que la subida del precio hora en la ayuda a domicilio repercuta directamente y lo antes posible en los salarios de las trabajadoras”.

Sánchez ha valorado el “buen clima de colaboración” de la reunión, durante la cual se reiteró a la consejera “la necesidad de articular los mecanismos al alcance para que la actualización del precio hora aprobada por el Gobierno andaluz tenga un reflejo real en las condiciones laborales de las personas que trabajan en ayuda a domicilio”. De hecho, la partida presupuestaria de la Consejería que prevé este incremento ha entrado en vigor en este mismo mes de marzo.

El diputado ha resaltado que “se trata de una medida de fácil aplicación para aquellos ayuntamientos que gestionan el servicio de forma directa y que representan en torno al 40% en la provincia, si bien en los municipios que tienen la ayuda a domicilio externalizada no existe a día de hoy una herramienta normativa que garantice que la subida del precio hora y de la financiación se va trasladar directamente a los sueldos de las trabajadoras”.

Por ello, el presidente de la institución ha señalado “la urgencia de impulsar una negociación colectiva que actualice el convenio marco del sector”, al tiempo que ha avanzado a la consejera que “vamos a modificar los pliegos de contratación del servicio con el objetivo de que la subida salarial a la plantilla sea un criterio puntuable para las empresas que liciten por la ayuda a domicilio en los municipios donde el servicio se presta a través del IPBS”. “Se trata de una solución transitoria planteada desde el ámbito provincial y local, a la espera de que se alcance una vía definitiva”, ha añadido.

Asimismo, Rocío Ruiz ha señalado que “el objetivo de la Consejería de Igualdad es que el aumento se destine a la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras. Tras más de una década en la que se ha ignorado e invisibilizado a estas mujeres, nuestro empeño es blindar este servicio en base a dos aspectos fundamentales: que las entidades locales contribuyan también a la subida del precio hora y que velen para que sea efectiva”

Tasas de reposición

Además, Sánchez ha comentado a la consejera Rocío Ruiz “la importancia de establecer tasas de reposición en los municipios para que cuenten con un número estable de horas en el servicio de ayuda a domicilio, de modo que se garantice el empleo en un sector que es el principal generador de puestos de trabajo en muchos de nuestros pueblos y del que se beneficia especialmente la población femenina, más afectada por la precarización del empleo y por el paro”. Sánchez ha valorado “la disposición manifestada por la consejera para trabajar este tema de forma conjunta, para lo que el IPBS trasladará propuestas concretas para que sean estudiadas por la Consejería”.

El presidente del IPBS ha reiterado además su satisfacción tras conocer de mano de la consejera de Políticas Sociales que los instrumentos normativos que desarrolla la Ley de Servicios Sociales, en concreto el catálogo y plan estratégico, estarán disponibles “en un breve plazo de tiempo”.

Durante el encuentro, también se ha insistido en “la importancia de aumentar el presupuesto que se destina para el Sistema de Dependencia, que arrastra los efectos de una infrafinanciación histórica, así como de avanzar hacia un modelo de cofinanciación más justo entre los Gobiernos andaluz y estatal”, según han indicado. Por último, tanto el presidente del IPBS como la consejera de Políticas Sociales han señalado “la importancia de que Salud culmine el proceso de vacunación para todo el personal de ayuda a domicilio, a fin de cuidar a las personas mayores y dependientes a las que atienden, que son especialmente vulnerables frente al virus”.

Nueva orden de la Junta

Rocío Ruiz ha destacado las novedades de la nueva orden que se encuentra en proceso de redacción y que persigue, entre sus fines, establecer un régimen jurídico común de este servicio, unificando sus condiciones, tanto como prestación del Servicio Público de Servicios Sociales como de prestación derivada de la ley de Dependencia de 2006.

La nueva orden contempla un modelo de intervención de atención centrada en la persona, establece el proyecto de intervención social como procedimiento para garantizar el carácter integral de la atención y su continuidad y elimina la valoración de la situación económica en el baremo para el acceso de este ser-vicio no vinculado a la ley de Dependencia, que será tenido en cuenta solo para fijar la aportación al coste del servicio.

Con el fin de garantizar los derechos y deberes de los y las profesionales de la ayuda a domicilio, la consejera ha informado de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación: “Con la ayuda de este marco legal, la organización de este servicio puede mantener unas jornadas laborales dignas y conciliadoras del empleo y prohíbe la realización de servicios de menos de una hora”.