La importancia y la necesidad de realizar inventarios de las vías pecuarias y los caminos públicos en los municipios de la provincia de Córdoba ha sido el tema de debate en el primer día de las XIV Jornadas Camineras, promovidas por la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos (PICP) y organizadas por la plataforma A Desalambrar, que se celebran en Córdoba desde este jueves 17 de marzo hasta el próximo domingo 20.

Casi un mes después de que Manuel Trujillo, coordinador de PICP, se sentara en el banquillo acusado de un delito leve de daños por cortar la alambrada que impedía el paso por la vía del Bañuelo en la Sierra de Córdoba -el juicio quedó suspendido y la próxima vista ha sido aplazada para el 5 de mayo-, Córdoba se ha convertido en el foro estatal de debate con estas jornadas en las que también participan diferentes expertos y otras entidades de tipo ecologista o deportiva.

Precisamente por eso, y antes de que diera comienzo la sesión inaugural con la mesa redonda Realización de inventarios municipales de caminos en la provincia de Córdoba, el propio Manuel Trujillo y Alberto Ayora, presidente de la Federación Española de Montaña y Escalada (Fedme), han dado cuenta del convenio firmado el pasado mes de septiembre entre ambas organizaciones y por el cual se comprometen, en el período de los próximos dos años, a colaborar entre sí en temas de formación con seminarios y jornadas de diálogo, en el ámbito de la comunicación y divulgación y en el apoyo de la defensa jurídica.

Tanto uno como otro, Ayora y Trujillo, han mostrado su satisfacción por haber alcanzado un acuerdo "muy positivo" y que va acorde a "las alianzas con entidades más grandes que buscamos desde PICP", ha señalado su coordinador. Por su parte, el presidente de la federación deportiva, ha recalcado sus deseos de "que no quede en papel mojado" y, si las cosas van bien, poder prolongarlo más tiempo.

Salón de actos del Centro de Educación Ambiental.

17.000 kilómetros de caminos en la provincia

En el Centro de Educación Ambiental y frente a un salón de actos que ha acabado lleno de gente, el primero en intervenir ha sido el diputado de Infraestructuras Rurales de la administración provincial, Manuel Olmo, con la idea de hacer una presentación de las actuaciones que se llevan a cabo desde el departamento rural de la Diputación de Córdoba. 

Tras avanzar un primer dato de que en la provincia constan unos 17.000 kilómetros de caminos, Olmo ha indicado la función que éstos cumplen para "vertebrar territorios y luchar contra la despoblación", más allá de que puedan servir como disfrute en actividades lúdicas y deportivas para los ciudadanos.

El diputado ha destacado que son cuatro los objetivos que manejan desde la institución pública sobre las vías públicas: impulsar, mejorar, poner en valor y proteger. Todo ello a través de asistencia económica y asistencia técnica. A lo que la otra ponente invitada, Reyes Estrada, ingeniera de caminos, ha respondido que obedece a "una obligación legal" de la administraciones.

El punto más interesante de la presentación que ha realizado el diputado, o por lo menos el que más venía al caso del tema que se trataba en cuestión, ha sido la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales (EELL) para la realización de inventarios de caminos que se lanzó en el año 2018, acudiendo a la demanda de algunas plataformas y ayuntamientos. En un gráfico, Olmo ha enseñado la evolución de las entidades locales que han sido beneficiarias en las tres convocatorias -2018/19, 2019/20 y 2021/2022-, pasando de siete municipios acogidos a la subvención el primer año, a 41 en 2019 y, 18 en la última.

Las cantidad económica máxima de estas ayudas es de 20.250 euros, por lo que en muchos casos no es suficiente para realizar un inventario completo del municipio, ha reconocido el diputado en un intercambio con Manuel Trujillo, que ha hecho las veces de moderador. Además, tampoco ha sabido defenderse con exactitud sobre las cuestiones que Trujillo le ha planteado sobre el funcionamiento del software GeoCir que la Diputación ha creado para recoger la información de todos los inventarios municipales de caminos públicos y que "debería ponerse al servicio de la ciudadanía", para conocer cuáles son esas vías de acceso.

Para terminar, la ingeniera Reyes Estrada -que ha participado en el inventario de Fernán Núñez- ha reclamado la obligación de inventariar las zonas rurales porque, además de que son un patrimonio público que las alcaldías tienen la obligación de investigar, documentar y proclamar, suponen "el derecho a la libre circulación de las personas" y no se pueden "privatizar", "embargar", "ni se puede ceder a manos de particulares".