El juicio contra el activista cordobés Manuel Trujillo, acusado de un delito leve de daños por cortar la alambrada que impedía el paso por la vía del Bañuelo en la Sierra de Córdoba, se ha suspendido en la mañana de este martes por la falta de tasación de los daños de la alambrada. Fue en abril del año pasado cuando la plataforma A Desalambrar llevó a cabo esta acción reivindicativa, en la que participaron unas 90 personas, y esta mañana estaba previsto que comenzara el juicio.

Sin embargo, la sesión ha sido suspendida en el juzgado de instrucción número 7, ya que el juez instructor estimó que los daños no serían superiores a 400 euros, mientras que la acusación reclama daños por valor de 1.300 euros. Sin embargo, estos daños no han sido tasados y, por eso, la jueza lo ha suspendido. La próxima vista tendrá lugar el 5 de mayo.

Antes de que diera comienzo la sesión ahora interrumpida, una treintena de personas de la citada plataforma se habían concentrado en la sede de la Ciudad de la Justicia de Córdoba para mostrar su apoyo a Manuel Trujillo, junto a dirigentes políticos como la edil de Podemos en el Ayuntamiento Cristina Pedrajas y la coordinadora local de IU, Irene Ruiz, el coordinador provincial de IU, Sebastián Pérez, además de Ecologistas en Acción.

Antes de acceder a la sala, Manuel Trujillo, coordinador de la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos (PICP), ha recordado que "estoy aquí porque el propietario de una finca que tiene cerrado el camino ha dicho que he cortado una alambrada; simplemente en un programa de Canal Sur hice el corte de un alambre para que se viera".

En aquella acción reivindicativa, una cámara de Canal Sur grabó cómo una puerta cerrada con un candado y una alambrada coronada con espinos impedía el paso de la comitiva. En las imágenes se ve a Manuel Trujillo, alicates en mano, cortar el alambre para que la marcha pueda continuar por la parcelación del Jardinito.

"El problema es que está cerrado y el Ayuntamiento, a pesar de llevamos años de lucha no hace absolutamente nada", ha insistido en varias ocasiones. Trujillo ha anotado que, por ello, "tengo que defender el derecho de todos los cordobeses a pasar por todos los caminos públicos". Es más, ha señalado que es el Ayuntamiento de Córdoba el que "tiene que pasar por los juzgados si no hace su trabajo".

El activista, además, ha afirmado que el propietario de la finca "puso una cancela y no pudimos pasar, mientras que en otra zona del camino dejaron abierto una cancelita y se acabaron los conflictos". La lucha de todos estos años ha conseguido ya que "muchos propietarios se hayan convencido, pero el Ayuntamiento jamás ha obligado" a la apertura de los caminos, ha añadido.

En esta línea, Trujillo ha vuelto a interpelar al Ayuntamiento de Córdoba "para que haga sus obligaciones y recupere los caminos". Es más, ha recordado que "hay muchos caminos de los más bonitos de Córdoba que se podían utilizar para hacer senderismo o para ir en bicicleta, y otros muchos que están desaprovechados".

"Entiendo que es un camino público y no hicimos ningún daño, debería quedarse en nada", ha defendido. Y es que la pena a la que se puede enfrentar si es condenado por un delito leve sería una sanción económica de 400 euros.