DIPUTACIÓN

Consumo mantiene 31 puntos de información gracias a un convenio con Facua y Augusta

  • Antonio Ruiz destaca que el acuerdo cubre las "lagunas legales" que ponen a los ciudadanos en situación de indefensión

Un momento de la firma de la adenda, en el Palacio de la Merced. Un momento de la firma de la adenda, en el Palacio de la Merced.

Un momento de la firma de la adenda, en el Palacio de la Merced. / el día

La Diputación de Córdoba ha añadido una adenda a los convenios de colaboración firmados anteriormente con Acción (Facua) Córdoba y la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, Augusta, en la que estas asociaciones asumen los puntos de información que anteriormente tenía firmados la institución provincial con la Asociación Unión de Consumidores de Córdoba (UCA/UCE) para la protección y defensa de los derechos de los consumidores a través de los Sistemas Alternativos de la Resolución de Conflictos, por 78.000 euros.

Gracias a esta adenda se mantiene en 31 municipios de la provincia este compromiso expreso de colaboración con la Diputación en la gestión de los Puntos de Información al Consumidor (PIC). Así lo manifestó ayer el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, quien, además, explicó que con esta adenda "pretendemos consolidar y continuar con la red de PIC, que presta un servicio de protección y defensa de las personas consumidoras a través de sistemas alternativos de resolución de conflictos".

Además, el presidente de la institución provincial insistió en que la corporación, a través de la Delegación de Consumo, tiene como principal misión la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, y bajo esa premisa "apostamos siempre por construir un modelo económico que atienda a esa finalidad, un modelo que sea justo, participativo e igualitario para todos los ciudadanos". Antonio Ruiz incidió en que con la firma de estos convenios de colaboración "estamos dando cobertura gratuita a la ciudadanía para el ejercicio de uno de los derechos fundamentales que le asisten, como es la tutela y defensa de sus derechos como consumidores y usuarios".

"Es un servicio que cubre lagunas legales que colocan a los ciudadanos en situaciones de indefensión ante las actividades, por lo general, de grandes empresas", dijo Ruiz. "Valiéndose de su capacidad y posición en el mercado, vulneran en muchas ocasiones los derechos de los ciudadanos, que dada su limitación o situación de inferioridad con respecto a las mismas, si no es por este servicio, no podrían ejercer su derecho presentando las correspondientes reclamaciones y denuncias ante los abusos y engaños a los que, en muchas ocasiones, nos vemos sometidos por distintas entidades", concluyó.

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