El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera finalmente ha retirado la Cruz de los Caídos del convento de las Descalzas en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Los trabajos han comenzado a media mañana de este martes a pesar de que la medida contaba con el rechazo de Vox y de las cofradías de este municipio de la Campiña Sur. La cruz se encontraba ubicada el Llanito de las Descalzas, perteneciente al Conjunto Histórico Artístico del Monasterio de San José y de San Roque, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1983. 

La alcaldesa de Aguilar de la Frontera, Carmen Flores (IU), no ha querido hacer declaraciones a pesar de la polémica generada y se ha remitido a la rueda de prensa que ofreció el lunes, en la que aludió al procedimiento establecido para ello, como la elección de la persona encargada, que "ha recibido acoso este fin de semana", mientras que él "ha aceptado trabajo". Según Flores, esta situación "ha precipitado las cosas".

En esa misma comparecencia, la regidora municipal recuerda que el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica es "un mandato legal", a pesar de que otros equipos de gobierno han recibido requerimientos y no los han llevado a cabo. "Este equipo de gobierno, intenta, siempre, en todos los asuntos, ser consecuente, responsable y actuar", subraya.

Flores, además, señala que nada más llegar a la Alcaldía se reunió el Consejo Sectorial de Memoria Histórica, que es un órgano de carácter consultivo, y quitaron "el yugo y las flechas de la barriada de El Carmen" y anota que están pendientes "de la retirada de honores y distinciones a Franco, que está reglamentado en la Ley de Memoria Histórica, algo que llevará su procedimiento". La otra actuación prevista era la retirada de la citada Cruz de los Caídos, "por las connotaciones que tiene".

La primera edil hace referencia al programa de embellecimiento de la localidad para llevar a cabo estos trabajos y añade que, para ello, plantearon a Cultura que hiciera "un informe para la retirada de la cruz porque todo lo que se haga cerca de un Bien de Interés Cultural tiene que estar autorizado por Cultura". 

La sorpresa, continúa, "llega cuando conocen que la cruz no está vinculada con el tema de Memoria Histórica porque se quitó la placa". A pesar de ello, desde el Ayuntamiento deciden retirar la cruz porque "entorpece la visibilidad de un monumento histórico catalogado como Bien de Interés Cultural" y que "no se sustituya por ninguna otra cosa", si bien, Flores asegura que se pensó en sustituirla por otra Cruz "para no herir sensibilidades", si bien, finalmente desde Cultura les dijeron que no podía instalar nada.

Flores también indica que ha habido buena relación con la Iglesia en Aguilar de la Frontera y afirma que respetan "los sentimientos religiosos", pero ve "intrusismo en el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, cuando viene con amenazas para interferir en la institución" que representa y "pierde toda autoridad, y no representa sentir de todos los feligreses del pueblo".

En esta línea, la alcaldesa lanza duras críticas hacia el prelado y asegura que "no ha aparecido aquí, en Aguilar de la Frontera, para interesarse por problemas de subsistencia, como si fuese dueño del voto y decisión de feligreses, es un insulto a la democracia e inteligencia; en el poder que él representa no existe esa democracia".

Querella de la Asociación de Abogados Cristianos

Retirada de la cruz de Aguilar de la Frontera.

La Asociación Española de Abogados Cristianos, por su parte, ha presentado una querella ante el Juzgado de Instrucción de Córdoba en funciones de guardia contra la alcaldesa por el derribo de la citada cruz. La entidad ya había pedido al juzgado medidas cautelares para paralizar el derribo, al que se han opuesto vecinos.

La organización de juristas acusa a la primera edil de la supuesta comisión de delitos de prevaricación con el agravante de discriminación y daños contra el patrimonio y pedirá también su inhabilitación para ejercer cargo público, según informa la entidad en una nota, en la que detalla que ya ha iniciado además acciones por la vía contenciosa por "las numerosas irregularidades cometidas".

Así, denuncia que "la decisión de destruir el monumento no se ha aprobado en Pleno, ni cuenta con el proyecto competente para actuar en un entorno BIC, por lo que es completamente ilegal".

La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, explica que "la propia alcaldesa ha reconocido que desde Cultura les han dicho que no pueden demoler la cruz amparándose en la Ley de Memoria Histórica, lo que evidencia que la decisión de derribo del monumento parte de la discriminación y animadversión de la mandataria hacia los cristianos".