El eco del silencio

La familia, célula natural y pilar básico de la sociedad, tiene que estar protegida por los poderes públicos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra vigente Constitución (artículo 39) lo reconocen expresamente. En los regímenes totalitarios, la parentela del gerifalte de turno goza de una protección muy especial. Es intocable: nadie puede criticarla. Ciertas organizaciones nada recomendables tienen un propio concepto de la protección familiar: la ley del silencio.

Por otra parte, la familia se agranda oficialmente mediante los enlaces matrimoniales. Aparecen los parientes políticos (en el derecho, parientes por afinidad): suegros, nueras, yernos, cuñados, hasta tíos y abuelos políticos. Y todo se complica.

El rey don Felipe, ha sufrido estoicamente la malvada difusión de distintas noticias de la familia Borbón-Ortiz, y sus consecuencias judiciales (no entro en las insidias sobre la reina, ni en el caso del Rey emérito). Primero fue su cuñada Telma, hermana de doña Letizia, que demandó a 57 medios de comunicación para defenderse de una presunta presión mediática; perdió el pleito con costas. Segundo, su cuñado Iñaki Urdangarín, excónyuge de la infanta Cristina, condenado a más de cinco años de prisión. Y tercero, su suegro, Jesús Ortiz, llegó a presentar dos demandas contra un mismo periódico digital.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo resuelve el último de estos conflictos judiciales. Conviene resumir los antecedentes de hecho. El diario digital El Español publicó el 7 de noviembre de 2019 el siguiente titular: “Jesús Ortiz, el padre de doña Letizia, acude al Juzgado para dejar claro que no es republicano”. Esta noticia salió el mismo día de la vista por una primera demanda interpuesta por el suegro del Rey contra ese diario por otra información sacada el día 17 de julio de 2018, en la que se recogía que, Henar Ortiz, la locuaz tía de la reina, había manifestado que la propia Letizia, antes de conocer al Rey, y la familia Ortiz, en su conjunto, se proclamaban de siempre republicanos. La primera demanda del suegro no prosperó en ninguna de sus instancias y le impusieron las costas.

El padre político del Rey planteó la segunda demanda en base a que el titular reseñado suponía una intromisión en su intimidad: le determinaba una ideología política que nunca había manifestado por lo que la información faltaba a la verdad. Exigía que ese medio digital retirara la información, publicara el fallo de la sentencia, con la consiguiente condena al pago de 8.000 euros por el daño moral causado, más los intereses y las costas del juicio. Durante la vista el suegro no afirmó que no fuera republicano, ni hizo mención a tal posibilidad, simplemente se negó a revelar ese aspecto de su vida privada. El padre político del Rey ganó en primera instancia, perdió en la Audiencia e interpuso el recurso de casación correspondiente. El Tribunal Supremo lo ha desestimado de plano con imposición de las costas al contradictorio Jesús Ortiz, quien, además de meterse en una absurda polémica que apenas afectaba a su egregio yerno, ha malgastado un buen dinero.

El Alto Tribunal recuerda que el derecho a la intimidad ha de encontrar sus límites en la libertad de información y proclama que el papel de la prensa es esencial en una sociedad democrática: formar a la opinión pública en los asuntos de interés general. También indica que las noticias de la prensa de la crónica social, según los usos sociales actuales, tienen un evidente interés general. Por último, afirma que Jesús Ortiz es un personaje público de forma sobrevenida, en virtud de su notoria relación personal con la Familia Real.

Con esta jurisprudencia consolidada de que priman las libertades de información y expresión sobre la intimidad familiar de los personajes públicos (incluso del Rey), sorprende que el presidente del Gobierno intente imponer un caprichoso silencio sobre las noticias de su parentela, amonestando a jueces y periodistas díscolos. Al parecer, Pedro Sánchez quiere privar a la opinión pública de cualquier información sobre la carrera empresarial de su suegro Sabiniano; del ahorro fiscal por la residencia en Portugal de su hermano (David Azagra en la esfera musical) y de su contrato con la Diputación de Badajoz; de la extraña cátedra universitaria de su esposa Begoña Gómez y, especialmente, del presunto delito de tráfico de influencias por el que ha sido denunciada. Desea que la familia Sánchez-Gómez sea intangible; si acaso, toleraría la publicación de esporádicas noticias filtradas por la Moncloa. Victimista, olvida que la Justicia es tenaz, y que cabe percibir el eco del silencio.