El Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera pactaron en la madrugada de ayer un acuerdo que permitirá al sector afrontar la crisis generada por el incremento sin precedentes que han experimentado los costes del combustible, disparados tras la invasión de Ucrania, perpetrada por Rusia cuando ya existía un problema global de inflación por el exceso de demanda que provocó la pandemia. El acuerdo al que ha accedido el Gobierno es generoso: bonificará a los transportistas con 20 céntimos de euro por litro o kilo de combustible, de los que 15 céntimos saldrán del presupuesto público y 5 céntimos serán soportados por la industria petrolera. Además, contempla ayudas directas por un importe de 450 millones de euros para las empresas de transporte de mercancías y de viajeros en función del tipo de vehículo. La cuantía será 1.250 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias), con un límite de 400.000 euros por empresa. En total, el acuerdo se valora en ayudas o subvenciones por valor de 1.125 millones. Sin embargo, la huelga continuará, porque la plataforma convocante, que no está representada en el CTNC, considera que, pese a lo pactado, seguirían trabajando a pérdidas y no están dispuestos a asumirlo. Ni siquiera después de que el Gobierno rectificase ayer y les recibiese la ministra competente en transportes, Raquel Sánchez. Tras doce días de paro indefinido, España está en una situación de auténtica emergencia económica y, tras el acuerdo conseguido, no existen razones objetivas para que continúe. Los camioneros quieren acabar con las prácticas que les asfixian económicamente, y es legítimo, pero es momento de volver a los camiones y de seguir negociando con el Gobierno para que haya cambios normativos que atiendan sus reivindicaciones. El Gobierno ha rectificado. No es admisible que ahora los camioneros se empecinen en hundir la economía nacional. La huelga debe terminar ya.