España se la juega

Editorial

La retirada de la embajadora en Buenos Aires es una decisión grave que compromete los intereses empresariales de España en Argentina

23 de mayo 2024 - 00:00

La decisión del Gobierno de retirar de forma permanente a la embajadora en Buenos Aires y dejar la representación al nivel de encargado de negocios supone una medida grave de la que se pueden derivar consecuencias muy negativas para los intereses, sobre todo económicos y empresariales, de España. Pedro Sánchez tiene motivos para sentirse agraviado por las declaraciones insultantes y chulescas del presidente Javier Milei. Lógicamente, España no podría dejar sin respuesta las acusaciones del mandatario argentino, dichas en Madrid en una cumbre ultra organizada por Vox. La llamada a consultas de la embajadora parecía una respuesta proporcionada a la gravedad de la crisis. Dejar las relaciones al borde de la ruptura se antoja una decisión desproporcionada y poco meditada. Al margen de evidenciar que Milei es un provocador y un extremista que merece muy poca consideración y de que Sánchez juega en esta crisis a la confusión entre lo institucional y lo personal, lo trascedente es que Argentina no es una cuestión menor para la diplomacia española, sino todo lo contrario. España es el segundo inversor extranjero y el primero europeo. Empresas españolas mantienen inversiones por valor de unos 18.000 millones de euros, según los cálculos que se han publicado estos días, con una destacada presencia de sociedades que cotizan en el Íbex, como BBVA, Santander, Telefónica o Mapfre. Pero, además, España se juega una posición que le ha costado décadas conseguir. Iberoamérica es en estos momentos escenario de una lucha de intereses estratégicos en la que están implicadas las grandes potencias, principalmente Estados Unidos y China. Argentina, a pesar de sus muchos problemas agravados por la actuación de Milei, es la segunda economía de la zona, sólo por detrás de Brasil. Si España pierde posiciones en ese espacio serán rápidamente ocupadas por otros países. El Gobierno tiene la obligación de preservar esos intereses por encima de otras consideraciones políticas o coyunturales.

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