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No por conocida la anécdota ejemplifica la estrategia de culpabilización del contrario como magnífico argumento de la defensa. Agustín Melu, de la gran saga gaditana flamenca de los Melu, andaba tieso por Cádiz y, por mediación de unos amigos, se enroló de electricista en el buque Poeta Aroles, que iba a llevar musulmanes del Protectorado Español en Marruecos a la peregrinación de La Meca. Sin conocimientos sobre corrientes, amperios, cables ni alicates, al vapor le sobrevino un corte de electricidad en mitad del mar, y ante los requerimientos del mando por tanta tardanza, Agustín Melu resolvió: “Capitán, esto es de la calle, va a ser de la Sevillana”, en referencia a la operadora energética andaluza.
La presidenta de Red Eléctrica Española, Beatriz Corredor, asegura que la compañía que preside no ha sido la culpable del apagón del lunes; Pedro Sánchez señala a los operadores privados, y los privados, que están todos peleados entre sí desde hace tiempo, se tiran las nucleares y las fotovoltaicas a la cabeza. Hay expertos para todos los gustos porque el mercado eléctrico siempre ha tenido buenos profesionales para contar sus alabanzas vestidos de independientes de capa. Y, a toda esta confusión, se le añaden los trincheristas que, instalados en sus polos de referencia, ideologizan todo, aunque les oirán culpar al contrario de doctrinario ideológico.
El error de Red Eléctrica Española es monumental porque su función es justo ésa: ordenar la generación y el consumo para que no ocurra lo sucedido el lunes. REE no es una empresa privada tal cual, el 20% pertenece al Gobierno, su presidenta es una ex ministra de Zapatero y en el sector se le identifica con lo público. Alguna participación, por tanto, también tiene el Gobierno, que desde el lunes está en la emulación permanente del Melu. Y algunos operadores privados, al menos el o los que gestionaban las plantas que están en el origen del fallo, porque hay un inicio, que es lo que ahora se trata de averiguar.
La Comisión Europea tendrá lista una auditoría en seis meses porque está obligado a ella. En una situación de “crisis eléctrica”, la norma europea recoge que será el operador de otro país el que se encargue de la investigación en España. Los resultados, que serán públicos, no gustarán a nadie, porque un fallo de estas características corresponde a una concatenación de errores. Incluso si fuera el sabotaje, la Seguridad Nacional habría errado de modo colosal.
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