La querella de CajaSur

Editorial

CUANDO todo parecía indicar que la era de las turbulencias en el seno de CajaSur había llegado a su fin, la presentación de dos querellas por parte de la entidad financiera contra el empresario Rafael Gómez y el ex director general de la caja, Francisco Jurado, ha vuelto a colocarla en el ojo del huracán. Las dos demandas, completamente independientes entre sí, atribuyen a los acusados sendos delitos societarios y les reclaman el pago de algo más de un millón de euros en compensación por las irregularidades detectadas. En ambos casos, la entidad deja bien claro que estas presuntas irregularidades responden a actos realizados durante la etapa de mando del equipo de Miguel Castillejo y que su puesta en conocimiento ante el juez responde a la política de transparencia que ha aplicado Santiago Gómez Sierra desde que llegó a la presidencia de la caja. Fruto de esta política, la Fiscalía Anticorrupción anunciaba ayer tarde que se suma a las acciones emprendidas por CajaSur, aunque amplía la acusación a otras cuatro personas que nunca han mantenido relación laboral alguna con la entidad financiera. Asimismo, el Ministerio Público añade a los cargos de administración desleal esgrimidos por la caja cordobesa otros de falsedad documental, estafa y delito fiscal, con lo que la acusación gana en fuerza y gravedad y es de suponer que las penas que se reclamen sean de mayor impacto. Ante esta situación, habrá que ver cómo defiende Rafael Gómez su inocencia -ha anunciado una querella contra Gómez Sierra cuando acabe el proceso- y qué dice Francisco Jurado, quien permanece en silencio.

Lo que queda claro es que la propia caja se desvincula de su gestión en el pasado al interponer las querellas, al igual que surgen dudas de hasta dónde pueden llegar las responsabilidades en ambos casos. Por el momento todo son conjeturas, aunque por encima de cualquier consideración debe prevalecer que es la Justicia la que tiene que aclarar qué ha ocurrido en CajaSur y que es la propia entidad la primera interesada en recuperar una imagen social muy deteriorada en los últimos años. Por el bien de Córdoba esperemos que reinen la responsabilidad y la mesura.

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