Anticorrupción se suma a la acusación contra Rafael Gómez y Francisco Jurado

La Fiscalía Anticorrupción anunció ayer que ha decidido presentar dos nuevas querellas contra el empresario cordobés Rafael Gómez, propietario de Arenal 2000, y contra el ex director general de CajaSur Francisco Jurado por los mismos hechos que se relatan en las denuncias que la entidad bancaria cordobesa ha interpuesto contra estas dos personas en los últimos días. La novedad sin embargo es que las demandas de la Fiscalía no sólo mencionan un delito de administración desleal, como ocurre en las de CajaSur, sino que también se alude a presuntos delitos de falsedad documental, estafa y delito fiscal. Las querellas de Anticorrupción van además dirigidas contra cuatro personas más: un arquitecto (que todo apunta a que es José Manuel García Pérez, propietario de la firma malagueña Miramar 27 y relacionado con Gómez) y otras tres personas que podrían estar involucradas en el asunto del ex director general, aunque, según las fuentes consultadas, son ajenas a la caja.

Pese a que las querellas contra Rafael Gómez y Francisco Jurado se han presentado al mismo tiempo, se trata en principio de dos supuestos hechos delictivos distintos. A Rafael Gómez se le atribuye en concreto el pago de una alta cantidad en agosto de 2004 a la citada Miramar 27 para que esta compañía hiciese de intermediaria ante el Ayuntamiento de Manilva (Málaga) con el fin de que se recalificasen unos terrenos de la empresa Arenal Sur 21, que en ese momento era propiedad conjunta del propio Gómez y de CajaSur, aunque quien tenía el control directo de la firma era el empresario. Según la querella de la entidad bancaria, lo que pretendía el propietario de Arenal 2000 era conseguir que aquellos terrenos pasasen a tener unos aprovechamientos de 39.000 metros cuadrados, cuando en principio tenían tan sólo 4.200. Ese aumento sería del 942 por ciento y estaría de esta forma muy por encima de lo que marca la ley. CajaSur le reclama ahora por aquellos hechos 849.000 euros a Gómez y la misma cantidad a García Pérez.

Fuentes del Ayuntamiento de Manilva confirmaron ayer a este diario que el arquitecto presentó una petición de recalificación en noviembre de aquel año 2004, aunque no supieron decir qué pasó exactamente con aquellos trámites y con los terrenos. Del mismo modo, señalaron que la petición hecha a través del propietario de Miramar 27 aludía a un convenio anterior del que tampoco se conoce nada más. Actualmente, el Consistorio de Manilva está gobernado por Izquierda Unida con el respaldo de los independientes ASM, pero en el año 2004, cuando sucedieron los hechos que ahora se denuncian, el alcalde era Pedro Tirado, ex miembro del GIL que fue detenido un año después de la supuesta mediación de Miramar 27 en el marco de la operación Ballena Blanca, y que ahora se enfrenta a una petición fiscal de dos años de prisión.

Al igual que en el caso de Gómez, la Fiscalía Anticorrupción también estima que el ex director general de CajaSur Francisco Jurado cometió un acto delictivo cuando ocupaba ese cargo. Jurado fue uno de los máximos mandatarios de la entida en la última etapa en la presidencia de Miguel Castillejo. Según la investigación interna de CajaSur, Jurado comprometió dos créditos a una empresa de unos conocidos suyos para que pudiesen comprar unos terrenos en la Costa del Sol sin cumplir los requisitos de seguridad que la caja mantiene en esos casos. Por eso, CajaSur lo acusa en su querella de no haber cumplido la normativa interna y da además por hecho que no sólo hizo eso, sino que en ambos casos cobró una comisión ilegal por hacerlo que en conjunto alcanzó los 180.000 euros, que es la cifra que ahora se le reclama. La querella precisa incluso que el dinero lo recibió Francisco Jurado a través de la empresa que él comparte con su esposa.

La Fiscalía Anticorrupción quiso aclarar ayer que por ahora no se ha descubierto conexión alguna entre estos hechos y las grandes operaciones contra la corrupción que se han abierto en los últimos años en la costa malagueña, como la Malaya o la Ballena Blanca. De todos modos, el Ministerio Público no descarta que en el curso de las investigaciones que se han emprendido, y que aún están en marcha, pudiese aparecer algún vínculo. Anticorrupción ha puesto a trabajar en este asunto dos fiscales especializados en este tipo de delitos dada la dificultad que presentaban los casos, cuya investigación comenzó a raíz de una auditoría interna de la caja.