El lobo de Pedro

AVISO de Míriam Nogueras: “Quizás habría que hablar menos de los cambios de hora y empezar a hablar de la hora del cambio”. El juego de palabras que hizo el pasado miércoles la portavoz de Junts en el Congreso de los diputados fue una amenaza directa a Pedro Sánchez: Carles Puigdemont quiere finiquitar esta legislatura inviable.

El problema es que el prófugo y sus conmilitones tienen escasa credibilidad: tantas amenazas que quedaron en amagos han terminado por generar el escepticismo ante cualquiera de sus bravuconadas, frustrado porque no ha obtenido, ni con la infame ley de amnistía, lo que quería: regresar a España –él dirá a Cataluña– impune.

La interpretación que hizo el Tribunal Supremo sobre la aplicación de la amnistía –que, de momento, no se aplica al delito de malversación– y la parsimonia con la que el Tribunal Constitucional se está tomando una decisión que cambie esa situación procesal le tienen exasperado. Y de ahí, la creciente dureza de Nogueras en las sesiones de control.

Es el cuento de Pedro y el lobo, pero a la inversa: al presidente le preocupa poco o nada si la amenaza esta vez es cierta. Sabe que la presentación del proyecto de Presupuestos, si llega a producirse, será porque pergeñe un calendario electoral en el que le sirva de excusa para disolver las Cortes Generales, en un intento de reeditar la dulce derrota de 2023 con la inestimable colaboración de Alberto Núñez Feijóo, quien de nuevo apenas supo reaccionar al ataque contra su partido que hizo Sánchez por el caso de los cribados del cáncer de mama en Andalucía (mintiendo para no perder la costumbre).

El lobo de Pedro no es Puigdemont. Tampoco Donald Trump, aunque haya tenido que ceder ante la presión que le ejerce en el tema del gasto militar.

El lobo de Pedro es negro como una toga: es la Justicia: las investigaciones abiertas por casos de corrupción contra su entorno inmediato: su mujer, su hermano, su núcleo duro en el partido –incluyendo la sospecha de una caja b como la que le sirvió para llegar al poder con una moción de censura– y hasta el fiscal general del Estado. La acción de los jueces es lo único que Pedro teme que le rompa su guion de polarización, en el que su mejor colaborador es un PP nacional cada vez más desnortado, para intentar mantenerse en La Moncloa como ya hizo en 2023. Y la Constitución dicta que la Justicia emana del pueblo y son los jueces quienes la administran en nombre del Rey bajo el único sometimiento al imperio de la ley. Un pueblo que decide, además, con su voto.