Hace más de sesenta años, el informático John McCarthy -hijo de irlandeses aunque nacido en Boston, EEUU- se refería a la capacidad que pudiesen tener las máquinas computadoras para generar y aplicar sistemas de códigos que piensan y/o actúan como seres humanos, denominando a esa capacidad de ciertos comportamientos intelectuales de los ordenadores informáticos como inteligencia artificial. Desde aquellos inicios en los mediados años cincuenta del pasado siglo, hasta nuestros días, esta evidente competencia técnica, cuyos límites aún no son hoy del todo conocidos, ha experimentado un crecimiento acumulativo que puede conceder a algunas máquinas informáticas la suficiencia para registrar pensamientos, es decir, conocimientos puntuales complejos ordenados que les permiten, según los casos, dar unas u otras respuestas de intervención. Y parece que todo comenzó en el intento conseguido de hacerlas jugar al medieval juego del ajedrez.

Ya sabemos que toda actividad humana está normativamente reglamentada por leyes que pretenden salvaguardar derechos, garantizar que no se produzcan abusos y evitar la producción de daños. Seguramente la existencia de las leyes obedece a otras muchas razones que no han de ser objeto de nuestra reflexión en estas pocas líneas. Pero sí es cierto que el inicio de esa reglamentación apenas ha comenzado y a nivel de la Unión Europea apenas se encuentra en mantillas. En nuestro país se apresuran, en las más altas instancias del Gobierno, a establecer un organismo que se ocupe de la supervisión de todo cuanto a este novedoso campo de la ciencia se refiera.

Así, España, con la creación de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial viene a convertirse en el primer estado europeo que disponga de una entidad que garantice los derechos de la ciudadanía y un ecosistema de investigación y empresarial en torno a este novísimo mundo de la inteligencia artificial. La localización geográfica de esta agencia habrá de constituirse en alguna ciudad española, para lo que se han presentado varias candidaturas, alguna de ellas muy arropada y potenciada por el marco social que se ofrece, como es el caso de la ciudad de Granada.

En este sentido, la presencia de esta entidad podría suponer la generación de otras empresas, dentro de este campo de la informática que, naturalmente, prestigiarían a Granada y abrirían campos empresariales y laborales de primer orden. Que para ello se hayan puesto -por una vez- unánimemente de acuerdo todas las instituciones de Granada, desde la Universidad hasta todos los grupos políticos en el Ayuntamiento y en la Diputación Provincial, además de organizaciones empresariales y sindicales, sin fisura alguna es motivo, por inusual y hasta raro, de felicitación colectiva. ¿O no?