La duda razonable

La sospecha no es un vicio democrático. Es una reacción lógica cuando el sistema acumula grietas y las explicaciones no llegan con la claridad exigible. En una democracia madura, la sospecha no se estigmatiza: se disipa con garantías. Y cuando esas garantías fallan, la duda se convierte en un problema político de primer orden. En la provincia de Badajoz, el Partido Popular denunció el robo de votos por correo en Fuente de Cantos, Torremejía y Santa Amalia. En el primer caso, el más grave, se sustrajo una caja fuerte que contenía 124 votos, lo que obligó a repetir el proceso electoral para los afectados. La Guardia Civil confirmó, además, hurtos previos en oficinas de Talavera la Real y Villafranco del Guadiana, así como otros robos en octubre y noviembre. La versión oficial habla de delincuencia común. Puede ser. Pero la pregunta es legítima: ¿cómo explicar que, en plena convocatoria electoral, una caja fuerte robada contenga votos por correo? No es un episodio aislado. En Albaida del Aljarafe (Sevilla), donde el PSOE obtuvo mayoría absoluta en las municipales de 2019, existen investigaciones judiciales abiertas por un aumento anómalo del voto por correo. Testimonios de vecinos aseguran no haber solicitado ese voto o no reconocer su firma, y han informado de citaciones judiciales a responsables municipales y de Correos. No hay sentencias firmes, pero sí un cúmulo de indicios que alimentan la desconfianza. El contexto tampoco ayuda. Dentro del propio PSOE se denunciaron irregularidades en las primarias que devolvieron a Pedro Sánchez al liderazgo del partido con un recuento opaco, con votos custodiados durante la noche por Koldo García quien ahora denuncia pitufeo. Publicaciones, no condenas. Durante décadas, el Estado nos inculcó que una papeleta es determinante: “Cada voto cuenta” o “Tu voto decide”. Por eso resulta inaceptable relativizar ahora la pérdida o el robo de votos como si fuera irrelevante. Nadie sostiene que España viva un fraude electoral generalizado. Pero cuando hay sospecha, la obligación democrática es ofrecer explicaciones exhaustivas, controles reforzados y máxima transparencia. Porque un voto que no llega a destino vale cero. Y sin la certeza de que cada voto cuenta de verdad, la confianza se erosiona. Y con ella, el sistema entero.