Debajo de un puente

La estatura moral de una sociedad se mide por cómo protege a los más vulnerables cuando las reglas del mercado los expulsan de sus hogares. En España el debate sobre la moratoria antidesahucios no es una batalla entre okupas y propietarios, sino un choque clarísimo entre quienes defienden el derecho a una vivienda digna y quienes propugnan la primacía absoluta del beneficio especulativo sobre la vida de las familias, entre quienes se encuentran el PP, Vox y Junts, que solos, o en compañía de Podemos, parecen estar dispuestos a tumbar el decreto.

El debate sobre el decreto antidesahucios ha vuelto a dejar al descubierto que en España hay quien está dispuesto a asumir que decenas de miles de familias pierdan su vivienda con tal de no tocar ni un ápice los intereses del mercado inmobiliario. La oposición frontal a esta medida no se basa en datos ni en un análisis honesto de la situación, sino en una estrategia de ruido, bulos y caricaturas interesadas que buscan deshumanizar a quienes no pueden hacer frente a alquileres disparados.

Se repite machaconamente que la moratoria “protege a okupas” o “castiga al pequeño propietario”, cuando la realidad es muy distinta. La suspensión de desahucios se aplica únicamente a hogares vulnerables acreditados judicialmente por los servicios sociales y, además, contempla mecanismos de compensación. Pero el objetivo de los detractores no es explicar la medida, sino sembrar miedo y confusión para justificar la inacción.

La caída de la moratoria supone que más de 60.000 familias puedan quedar, en los próximos meses, expuestas a subidas de alquiler imposibles de asumir. Los salarios no crecen al ritmo de los precios de la vivienda, y esa brecha se traduce en angustia, precariedad y expulsión. No es un problema individual ni de “mala gestión personal”, sino una consecuencia directa de un modelo que ha convertido la vivienda en un activo financiero. En este escenario se protege con celo a quienes especulan mientras se señala con el dedo a quienes solo quieren un techo. Así se está consolidando una fractura social profunda entre quienes tienen garantizado el acceso a la vivienda y quienes viven permanentemente al borde del desahucio.

Con lo que está cayendo, o se defiende el derecho a la vivienda o se asume sin pudor que el mercado manda incluso cuando expulsa a miles de personas de sus hogares.