La manifestación del mundo rural en Madrid fue variopinta. Allí estaba la gente del campo, con sus problemas reales, pero no sólo ellos. Estaba también el señorito subido en su caballo. Un espécimen que creíamos desaparecido vuelve a pasear ufano por los pueblos andaluces y extremeños al calor de Vox. Estaban los cazadores, en una suerte de protesta preventiva. Los motivos de su queja se refieren a lo que pueda pasar en el futuro con leyes que, a día de hoy, no existen. El hecho cierto es que hace apenas dos semanas se alcanzó un acuerdo sobre la estrategia de actividad cinegética sostenible. Y estaban, por supuesto, miles de agricultores y ganaderos preocupados por los problemas que aquejan al campo. La situación es difícil para todo el sector primario. A los problemas que venían arrastrando de bajos precios en origen y aumento en los costes de producción se han añadido otros vinculados a la guerra de Ucrania, que impactan seriamente en esa actividad. Esta guerra está suponiendo una gran tragedia humana en el país invadido pero sus efectos económicos irradian a todo el mundo. No sólo es el precio de los carburantes o de la luz sino también la reducción de la oferta de fertilizantes o de piensos, que hace aumentar los precios.

No hay solución fácil en este complejo panorama pero sí líneas de actuación. Por un lado, es necesario el desarrollo efectivo y completo de la Ley de la Cadena Alimentaria. Es una ley valiente que apuesta por la intervención en el mercado a fin de eliminar prácticas que están haciendo mucho daño al campo como es la venta a pérdidas. PP y Vox votaron en contra de esa Ley pues tanto intervencionismo les debió parecer demasiado socialcomunista, pero no hay más remedio que intervenir para proteger a la agricultura y a la ganadería. Por otro lado, también es preciso conseguir la movilización de fondos de la Unión Europea para apoyar a los sectores más afectados por la crisis actual, así como una flexibilización de la política agraria común con adelantos de pagos y cambio de condiciones que atiendan a esta situación.

La vía sólo puede ser el diálogo y la negociación. Conocidos los problemas, que son reales y graves, hay que darle respuestas consensuadas entre los representantes del sector, el Estado y las comunidades, que tienen importantes competencias en la materia, contando siempre con el respaldo de la UE pues la política agraria es común. En este contexto, siempre está la tentación de la instrumentalización política que, como bien sabemos, sirve para un desahogo pero no resuelve los problemas.