Las Cortes Generales aprobarán una ley para la amnesia jurídica respecto a todos aquellos hechos con relevancia penal o contable acontecidos en el dilatado contexto de aquello que llamamos procés. Los ciudadanos no pudieron conocer de los términos de esta propuesta en el programa electoral del principal partido que la sustentará parlamentariamente, el PSOE. De hecho, este partido negó inequívocamente en campaña, tanto la constitucionalidad como la oportunidad de esta medida de gracia. Por otro lado, esta ley no ha sido objeto de una negociación y discusión propiamente parlamentaria. Con el gobierno en funciones y el Congreso sometido a condición suspensiva, se ha producido una negociación privada a través de la cual se ha prefigurado un texto articulado. Esta negociación se ha caracterizado por la opacidad propia de los negocios jurídicos. Ha sido ajena al principio de publicidad que ha de caracterizar a la función parlamentaria. Así, una ley de significado trascendental va a ser aprobada, lo dijo bien Pedro Cruz Villalón, de espaldas al pueblo y como contraprestación para la permanencia en el poder. La oposición a esta ley puede canalizarse en un doble sentido. Una vez aprobada, puede ser recurrida al Tribunal Constitucional y cualquier juez que haya de aplicarla podrá también elevar a este Tribunal una cuestión sobre la misma. Pero, además de esta oposición jurídica, está la oposición propia del proceso político, entendido éste en sentido amplio. Asistiremos a una fuerte contestación parlamentaria, mediática, y, muy especialmente, social. Si no ha existido ninguna pedagogía democrática respecto a la medida, si se ha negado solemnemente la misma y luego se ha sustraído su tramitación a la publicidad del Parlamento, sólo en una sociedad muerta podríamos esperar que no existiese una contestación. Vilipendiar toda oposición pública que, en el marco de la ley, se articule a esta amnistía solo es muestra de un talante antidemocrático. Ahora bien, lo que no cabe es una oposición judicial a la medida. Ni el gobierno de los jueces tiene competencia para censurar políticamente a priori una medida legislativa, como burdamente se intenta, ni los jueces tienen derecho a expresar sus ideas políticas a través de sentencias y trámites procesales. Están sometidos a la ley, también a esta ley de amnistía, frente a la cual sólo podrán plantear, debidamente, sus dudas de constitucionalidad al único juez de la ley que existe en nuestro sistema: el Tribunal Constitucional. Pretender una batalla judicial contra la amnistía solo contribuirá a la espiral de degeneración democrática. Y es necesario frenar esta cangrena.