Que sea Vox quien alce la bandera provida es una muy mala noticia que fortalece la corriente inmensamente mayoritaria proabortista basada tanto en razones pragmáticas -si la práctica existe hay que despenalizarla y regularizarla para evitar los abortos clandestinos- como en mentiras tan repetidas que han acabado siendo aceptadas como verdades por la mayoría. Es inútil repetir que no es una decisión sobre el propio cuerpo, sino sobre otro que se está formando en el de la gestante; que el feto es una vida singular como han demostrado las aportaciones de la biología celular y la genética; que no tiene que ver con la libertad sexual ni la libre elección de la maternidad, para la que sirven los métodos anticonceptivos; que no es una conquista progresista, sino la trágica constatación del fracaso de la educación sexual y una forma bárbara de control de la natalidad.

Que a la mujer que decide abortar se le ofrezca, no se le imponga, la posibilidad de ser informada de las consecuencias de su decisión oyendo latir el corazón del feto y viéndolo en una ecografía no es una monstruosidad sádica -insisto: siempre que sea una oferta y no una imposición- sino una información que apela a la responsabilidad. Pero para las políticas abortistas es esencial la distancia moral que invisibiliza en el lenguaje y en la práctica la realidad y las consecuencias de los hechos. Oír el latido del corazón del feto o verlo haría presente al "otro" dificultando esa distancia moral.

Por desgracia esta forma legal de dar muerte -ni los más fervorosos proabortistas pueden negar que se mata al feto- tiene un abrumador apoyo social y conviene a poderes más decisivos que los partidos políticos: los del consumismo y la modernidad líquida (Bauman). Por eso en esto no hay grandes diferencias entre los partidos mayoritarios. El PSOE reivindica el aborto como un derecho. El PP -véase la crisis originada en Castilla y León- sabe que defender la vida es perder las elecciones y verse reducido a un espacio marginal. Es cierto que tiene presentado un recurso ante el Constitucional… ¡qué este no ha resuelto en 12 años! Pero la propuesta de volver a la ley del 85 le costó en 2014 la cabeza a Ruiz Gallardón y desde entonces el PP espera, procurando mantenerse de perfil, la resolución a la que ahora, asegurada la mayoría progresista, se le va a dar prioridad. No hace falta ser adivino para saber cual será.