Parece, al menos. Novak Djokovic, mejor jugador de tenis del mundo en la actualidad a nuestro pesar mayoritario, es deportado de Australia tras la decisión del ministro Hawke y su ratificación por tres jueces federales australianos de su Tribunal Supremo, James Allsop, su presidente, y los magistrados Anthony Besanko y David O'Callaghan, de manera unánime. Los nombres de los intervinientes son importantes porque este caso entra en la historia y será estudiado.

El mundo entero vive muy noqueado por la pandemia, por sus efectos y consecuencias. La mayoría, quiero pensar, bastante más alentado desde la aparición de las vacunas y la progresiva vacunación. Hay, como sabemos, una gran parte del mundo (pobre e irrelevante para el mundo rico) donde la discusión sobre la vacuna aun sigue siendo cuándo llega y, al llegar, cuándo alcanzará a la mayor parte de la población. Hay también personas concretas que, por sí mismas o por la influencia que en ella tengan grupos más o menos organizados, no se han vacunado, aunque puedan. En ese contexto, Djokovic (no Pepe Pérez), no vacunado, entra en Australia con un visado dudoso; en consecuencia, deciden deportarlo. Recurre y validan su visado. Después el ministro decide negar su permanencia por razones de salud y orden público. Una vista única en el circuito federal y decisión final: deportación.

Sobre esto se hablará y escribirá mucho, pero centremos la clave de la decisión: lo que se ha decidido es si las razones argüidas por el ministro esta segunda vez son o no válidas y suficientes para tomar esa decisión. Para el Tribunal lo han sido por unanimidad y conocemos el resultado, inicialmente inapelable, que, por tanto, supondrá la salida de Australia, ya veremos si también la prohibición de entrar durante tres años. El riesgo del análisis estriba en que no conocemos aún las razones del Tribunal, sino solo el veredicto.

Uno puede estar contento con la decisión de deportar a Djokovic o no. Esto entra más en el terreno personal del gusto, de la simpatía, o de la consideración, más allá de la persona, que tengamos sobre la necesidad de la vacuna. Lo que no sé es si se puede estar de acuerdo. Y no lo sé porque falta analizar las razones dadas para la deportación. Adelanto que, si el fundamento es el sentido común, me preguntaré por qué motivo el sentido común del ministro y de los jueces es superior al que se le oponga y esa justificación, subjetiva, sería insuficiente, en mi opinión. En cambio, espero que la razón sea legal (que la hay, estimo, de sobra) para sostener una decisión administrativa, dura pero escrutada por todo el mundo.

Si el partido es legal y la decisión adoptada se ajusta a la norma y se razona, bien. Si no es así, el riesgo estriba en alimentar el victimismo. Y, ahí, ya no sabe quién gana el partido de verdad.