Existe la falsa impresión de que tenemos dos tipos de sanidad en este país. Ayer el presidente del Gobierno ha anunciado que un tercio del gasto en sanidad es privado. Pero si afinamos, encontraremos al menos cuatro categorías distintas. Está la pública, que no se ha recuperado del severo régimen de austeridad presupuestaria y reducidas tasas de reposición de funcionarios públicos que aplicó con mano de hierro el Gobierno de mayoría absoluta de Rajoy desde 2012. Todo el mundo dice defender la sanidad pública, pero no para de perder calidad y generar protestas.

Luego dicen que está la privada, pero ahí también hay que seguir afinando. Primero está la concertada por todos los gobiernos autonómicos para paliar las carencias en la pública: laboratorios, pruebas diagnósticas, clínicas para intervenciones quirúrgicas y ahora se habla de que también llevarían parte de la atención primaria. Izquierda Unida alertó esta semana que el Servicio Andaluz de Salud preparaba tarifas para pagar consultas médicas en clínicas particulares e incluso en centros públicos con gestión privada. El Gobierno de la Junta ha respondido con rotundidad que es falso. Veremos.

Hay en tercer lugar otra sanidad concertada, en este caso por los propios pacientes con compañías de seguros. Las deficiencias de la pública y de la otra concertada han llevado a una suscripción masiva de seguros médicos, por quienes pueden pagarlos. Esta segunda concertada ya está saturada y en ocasiones da plazos de muchos meses para consultas, pruebas o intervenciones. El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos ha anunciado que las aseguradoras no suben las retribuciones desde 1990 y pide aumentos del 145% en tres años. En medicina de familia los seguros pagan al médico 10 euros por la primera consulta, 6 o 7 por la segunda y nada por la tercera. Los especialistas llegan a 15 euros y por extirpar un tumor se pueden pagar 44 euros. Y queda la cuarta posibilidad, que es la medicina realmente privada. Se va a un gran especialista, que no trabaja con seguros, y se paga, en función de su autoridad, lo que pida por una consulta y lo que sea por una intervención.

Fijadas las cuatro categorías, cabe alguna subdivisión. Por ejemplo, el gasto público regional por habitante. En Asturias (1.931) es casi el doble que en Madrid. En las tres mejores, Asturias, País Vasco y Navarra, fue en 2021 de unos 1.900 euros, muy lejos de las tres peores, Andalucía (1.372), Cataluña (1.246) y Madrid (1.170). Es cierto que Andalucía es una de las perjudicadas con el actual modelo de financiación autonómica. Pero también que al Gobierno de Moreno le traiciona la curva de Laffer: bajando impuestos no mejora ingresos. Andalucía recauda más por el crecimiento del PIB, pero es la comunidad autónoma que menos aumenta. Aunque es verdad que hay más dinero en el bolsillo de los contribuyentes pudientes; seguramente los que se pueden pagar la mejor sanidad privada.