La presentación de los resultados anuales de los bancos españoles en 2022 ha sido peculiar: sus presidentes y ejecutivos han hecho balance con modestia, sin sacar pecho, como si no quisieran presumir de que han sido espectacularmente altos. Tiene que ver con los recursos de bancos y cajas de ahorros ante la Audiencia Nacional contra las primeras tasas derivadas del impuesto extraordinario sobre el sector financiero.

El impuesto impulsado por el Gobierno de coalición PSOE-Podemos se justifica precisamente en esta realidad incuestionable: la banca está logrando beneficios extraordinarios en una coyuntura en la que millones de ciudadanos lo pasan mal o muy mal. Se están empobreciendo y necesitan ayudas especiales. Lo más lógico es que esas ayudas salgan en parte de aquellos sectores que también coyunturalmente están engordando sus beneficios. El impuesto es temporal, mientras dure la actual situación, de manera que no tiene ningún carácter confiscatorio o revolucionario.

Los números no engañan. Los seis grandes bancos nacionales ganaron 21.000 millones de euros. De los tres colosos del sector, BBVA y Santander obtuvieron beneficios récord, y el tercero (Caixabank) se quedó en la categoría de muy buenos. Consecuentemente, a los gestores tampoco les fue mal. Ya hubo 221 altos ejecutivos que se embolsaron más de un millón anual, situándose entre los que más ganan de Europa. Toca, pues, sacrificar un poco -sólo un poco- de este enorme bienestar para hacer frente a una situación de auténtica emergencia económica y social. Un sacrificio temporal, insisto. Cierto que el impuesto reducirá también los dividendos de cinco millones de pequeños y medianos accionistas de los bancos, pero, aun así, son ahorradores que socorrerán a muchos compatriotas que no pueden invertir porque ni siquiera llegan a final de mes.

El impuesto sobre los beneficios bancarios es justo, necesario y oportuno. Sólo los muy cafeteros del ultraliberalismo o los propios afectados por la nueva norma fiscal pueden rechazarlo. Estos últimos tienen una merecida mala fama: son los que llevan décadas abusando de las cláusulas hipotecarias, maltratando a sus clientes a base de rebajar la atención, protagonizando escándalos como el de las acciones preferentes o disfrutando de un rescate de 70.000 millones que les entregamos para que sobrevivieran a la crisis de 2012.

Aplaudo con las orejas.