La Constitución Española es proactiva en cuanto al cumplimiento de la norma suprema por parte de los poderes públicos. Así vista, no es un texto muerto sobre el que se pueda arrojar cualquier tipo de componenda más o menos interesada, y el buen gobernante, antes de dar vía libre a cualquier iniciativa, valora la gravedad y el daño que se le puede hacer. Promover “las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo o de los grupos en que se integra sean reales y efectivas” o “remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud” no son simples mandatos sin valor normativo, sino obligaciones constitucionales que los que tienen la responsabilidad de gobernar han de cumplir.

La decisión del Parlament en octubre de 2017 declarando la independencia de Cataluña fue, antes que nada, un ataque frontal al orden constitucional. El Estado, con un amplio apoyo social y político, articuló las medidas de defensa de su integridad que la norma le ofrece, ninguna más, y los responsables de los actos (formalmente advertidos previamente por los letrados de su Cámara) fueron juzgados en un proceso con todas las garantías. Hoy toda aquella ardua tarea en la defensa constitucional ha quedado difuminada, y lo que es peor desacreditada ante el mundo, por los mismos que hasta ayer por la mañana manifestaban justo lo contrario. Da hasta pena leer las excusas de significados políticos andaluces a los que teníamos algún aprecio, y que mucho me temo no van a poder tomarse una cerveza tranquilamente en un bar sin que alguien le recuerde que el mandato representativo es algo más que residir en Madrid de lunes a jueves.

Contrariamente a lo que se dice, no son las medidas estrictamente políticas las que van a marcar la opinión sobre el presidente Sánchez en el futuro. Al final, como a todos, se le contarán aciertos y errores, según la procedencia. Lo peor de lo que estamos viendo tiene más un componente ético: es la calculada desviación de los procedimientos establecidos; una política de nombramientos de sujetos muy politizados al frente de instituciones importantes, desprestigiándolas; esa visión cortoplacista del país modificando a su antojo el relato de los hechos; la puesta en solfa, insospechada en un partido de gobierno, de la división de poderes; su desprecio absoluto, rayano en lo patético, por el adversario. Lo que constituye, en definitiva, todo un manual del mal gobernante.