El informático que se benefició de los contratos a dedo adjudicados por la Institución de las Letras Catalanas cuando la dirigía Laura Borrás, ex presidenta del Parlament y líder de Junts en ausencia de Puigdemont, la ha dejado a los pies de los caballos en el juicio que sienta a ambos en el banquillo de los acusados.

El informático se llama Isaías Herrero. En una investigación de los Mossos sobre narcotráfico -tras la que fue condenado a cinco años de cárcel- le incautaron unos correos electrónicos que dieron la primera pista sobre su relación con Borrás. En el juicio actual el informático, que ha pactado con la Fiscalía una rebaja de su condena, ha cantado de lo lindo: él y su jefa pactaron fraccionar los contratos del Instituto y presentar presupuestos fantasmas para encubrir sus delitos de malversación y falsedad. Funcionarios de este organismo han ratificado las prácticas ilegales de la directora, que desoyó el aviso de la interventora e incluso pretendió orientar el trabajo cuando ya había sido destituida.

Lo más llamativo del caso es que, con estos antecedentes, Laura Borrás quiso ser presidenta del Parlamento -la segundas autoridad de Cataluña- y lo consiguió una temporada, hasta que sus socios de ERC la dejaron caer. El cese, obligado por su situación penal, lo vivió como una agresión de la Justicia al independentismo. Sigue así una tradición acrisolada de los secesionistas: el victimismo por encima de todo. No los persiguen los jueces por cometer delitos, sino por sus ideas. No han ido a la cárcel por sublevarse contra el Estado democrático, sino por ser partidarios de la independencia de Cataluña.

Bueno, la tradición no es tan prolongada. Sólo empezó cuando la familia Pujol abandonó su nacionalismo pragmático porque sus negocios no podían sustraerse a la Justicia española mientras existiera aquel Estatut, cuando se desveló el saqueo del Palau a cargo de personajes "intachables" del catalanismo, cuando se denunció e investigó la trama del 3% (destinado a Convergencia y procedente de todas las grandes obras públicas) y cuando casi la mitad de la población catalana había sido suficiente y sistemáticamente educada e informada en el odio a todo lo español.

El independentismo puede responder a un sentimiento identitario legítimo, aunque estúpido desde el punto de vista histórico. Los corruptos de la clase política catalana lo siguen utilizando en su interés.