Paisaje urbano

El Gobierno interino del CGPJ

La vigente norma aplicable puede gustar mucho, poco o nada (es mi caso), pero está confirmada por el Constitucional

Se está convirtiendo en un clásico del final del verano la intervención, a medio camino entre el enfado y la regañina, del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, con ocasión de la apertura del año judicial delante del Rey. Motivos le sobran, desde luego, y más desde la aparición de la llamada "nueva política", esa que confunde el Congreso con un aula de primaria y ha alcanzado sus cotas más bajas de seriedad coincidiendo con el término del actual mandato judicial, hace casi tres años, más o menos los que lleva Pedro Sánchez de presidente del Gobierno.

Y conste que en mi opinión el PP, y en concreto Pablo Casado, llevan un tiempo errando gravemente en este tema, supeditando su apoyo a la necesaria renovación del órgano en argumentos a cada cual más peregrino, el último, la vuelta al modelo previsto inicialmente en la Constitución anterior a la Ley del 85, cuando han tenido oportunidad de sobra para llevarlo a cabo en su olvidados años de mayorías absolutas. La vigente norma aplicable puede gustar mucho, poco o nada (es mi caso), pero es la que hay, confirmada en su día por el Tribunal Constitucional, y a ella por tanto deben los diputados atenerse.

Aunque no fue el dirigente del Partido Popular el principal destinatario de la togada invectiva. Poco ha ayudado a resolver esta situación la actitud que desde el principio viene demostrando el Gobierno y su presidente, demasiado empeñados en controlar el poder judicial por cualquier medio. Si ya el nombramiento de su ministra de Justicia como fiscal general del Estado constituyó de por sí una meridiana declaración de intenciones, las críticas nada larvadas a determinadas sentencias judiciales de destacados ministros y ministras no hacen sino mostrar a los jueces como enemigos antes que como colaboradores, muy en línea con el pensamiento de sus socios podemitas en este tema.

Y es que el hecho de que a estas alturas todo un presidente del Tribunal Supremo tenga que dedicar parte de su intervención a remarcar lo obvio, esto es, que cuando el tribunal que ha condenado emite un dictamen ante una propuesta de indulto lo hace en términos de estricta legalidad y nunca de revancha, demuestra lo lejos que han llegado algunos en su particular concepción del Estado de Derecho, y lo cerca que estamos los demás de formar parte como nos descuidemos de una auténtica república bananera.

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