EL pacto firmado ayer entre PSOE y Junts para asegurar la investidura de Pedro Sánchez la próxima semana es la mayor claudicación a una extorsión política que haya vivido España desde la restauración democrática. Y lejos de acabar aquí la rendición, supone exponer al Estado a un chantaje permanente por parte de los delincuentes que proclamaron la independencia de Cataluña en 2017 mientras dure la legislatura. Todo por siete votos que permiten al presidente Pedro Sánchez seguir en el poder, y con él, al PSOE: razón principal del silencio cómplice en el partido. 

El texto, pese a su triste sintaxis, va mucho más allá de lo que se atisbaba. El PSOE claudica en todo sin nada a cambio, salvo el inquilinato en la Moncloa. Asume los postulados del independentismo. Arrolla toda la defensa basada en la legalidad que desplegó el Estado: la aplicación del artículo 155 de la Constitución –apoyada entonces por el propio PSOE y Pedro Sánchez–, el cumplimiento del deber que ejerció el Poder Judicial ante la comisión de graves delitos (el principal ya derogado) y el papel ejemplar desempeñado por el Rey el 3 de octubre de 2017. 

El precio que acepta Sánchez es tan alto que España lo pagará a plazos. La entrada es una amnistía de máximos –aunque todavía ocultan unos días más el crucial texto de la ley–, que otorgará impunidad al prófugo Carles Puigdemont y a los suyos, pero cuyos límites todavía son difusos porque se acepta incluso que haya causas aparentemente no relacionadas con el procès que no se puedan juzgar porque se acepta que se politizó la justicia para batir al adversario político, que es lo que está detrás del concepto lawfare.

El segundo y tercer plazos quedan sujetos al chantaje permanente que habrá esta legislatura, expresado con nitidez ayer por el propio Puigdemont: un cupo fiscal catalán y el reconocimiento de la nación catalana mediante la convocatoria de un referéndum al amparo del artículo 92 de la Carta Magna. Se hace, además, con formas de trilero, como era de esperar con Sánchez: se citan como discrepancias, pero se negociarán en los términos del chantajista. Un referéndum así conculcaría el sistema de reforma total o parcial fundamental de la Constitución (artículo 168). Y dar a quien no tiene ese fuero un cupo romperá la igualdad entre españoles, además de ante el cumplimiento de la ley, en el reparto de recursos: el bolsillo. Empobrecerá al resto de españoles y Andalucía deberá reeditar el rol jugado en los ochenta.

Será difícil y largo, pero el Estado aún tiene recursos para defenderse: los jueces, que impugnarán la amnistía; y, sobre todo, el rechazo frontal y pacífico de los españoles en las calles. Descartado un arrebato de sensatez de diputados socialistas, sólo queda que sea una etapa corta y las cesiones reparables.