UNA de las consecuencias de la crisis económica y del enorme déficit que soporta la Administración pública andaluza, fruto, gran parte de ello, de las políticas de amiguismo y fraude que han llevado a la creación de un elevado número de empresas públicas y al abuso en el uso de recursos sociales, como los destinados para los ERE, en beneficio de unos pocos, es el descenso que año tras año viene produciéndose en la calidad de los servicios públicos que dependen de la Junta (Sanidad, Educación, Justicia, Servicios Sociales, Guarderías, Infraestructuras, etc.)

No olvidemos que en Andalucía, en datos a 31 de diciembre de 2007, el sector público empresarial los conformaban 149 empresas (29 empresas más que en el ejercicio anterior, con un crecimiento del 21%). Pues bien, estas empresas públicas andaluzas manejaban nada más y nada menos que el 8,5% del dinero público de nuestra Comunidad, mientras que diez años antes sólo movían el 4,6% del mismo. Habría que preguntarse qué criterios de selección se han llevado a cabo para la contratación de los trabajadores que las integran y qué cuenta de resultados pueden ofrecer que justifique la existencia de las mismas.

Junto a ello, la Administración de la Junta viene llevando a cabo un progresivo proceso de eventualización de los trabajadores públicos, con contratos en precario y reducciones de jornada, que somete a las distintas áreas donde se aplica a una clara situación de inestabilidad, tanto laboral como de prestación de servicios, que se está haciendo en algunos casos insostenible. Una de las graves consecuencias que ello está teniendo en las plantillas fijas es el chantaje moral al que se las viene sometiendo por parte del Gobierno de la Junta al hacer recaer sobre estas la responsabilidad de la continuidad o no de los eventuales en sus puestos de trabajo. Me explico.

Gran parte de los recortes presupuestarios que viene aplicando la Junta lo son en el capítulo de personal. El problema es que los servicios: los sanitarios, los jurídicos, los educativos, los sociales, etc., no pueden funcionar adecuadamente si quienes hoy son trabajadores eventuales fueran despedidos. ¿Qué solución está poniendo en práctica la Junta? Pues, además de discriminar salarial y laboralmente a estos eventuales, hace repercutir el resto del ahorro del Capítulo I sobre los trabajadores fijos, recortándoles unos complementos salariales que estaban consolidados e integrados en el sueldo.

La cuestión. Pues que cuando el trabajador fijo reclama por la pérdida de su poder adquisitivo, la Administración hace recaer sobre su conciencia la continuidad laboral del eventual con aquello de: "Gracias a que a ti te reduzco este o aquél complemento tu compañero puede seguir trabajando", en un ejercicio de una absoluta inmoralidad argumental. Si el puesto de trabajo que ocupa el eventual es necesario para el normal mantenimiento de la actividad de un servicio que la Administración andaluza preste a la sociedad, deben ser los Presupuestos de la Junta y la propia conciencia de los dirigentes políticos quienes sustenten dicho puesto y no hacerlo soportar sobre la nómina y la conciencia del resto de trabajadores.

¿Que hemos de hacer un ejercicio de solidaridad? Por supuesto que sí, y la función pública lo viene haciendo con creces. Lo que no es aceptable es que se pretendan recoger réditos electorales por el normal funcionamiento de unos servicios públicos (que en realidad no funcionan normalmente) en base a descargar la responsabilidad política sobre los trabajadores, bien sea a través de contratos a tiempo parcial o con reducciones salariales sometidas al chantaje moral al que me refería con anterioridad. Mientras, empresas públicas, fundaciones y otras artimañas devoradoras de presupuestos campan por sus respetos a mayor gloria del beneficio electoral. Al mismo tiempo, aunque sólo sea anecdótico a nivel presupuestario, la Mesa del Parlamento andaluz oculta una subida de dietas para ciertos cargos de responsabilidad de la Cámara.

El camino emprendido encierra graves riesgos y el principal de ellos es un encubierto desmantelamiento del sector público tanto en su estructura funcional como en la cualidad del mismo, aceptando los propios responsables de la Junta que ello lleva, inexorablemente, a la pérdida de calidad y a una considerable disminución en las prestaciones que ya resulta evidente.

Choca que ello se esté haciendo desde una Administración socialista, aunque no tanto que se esté desarrollando como se está haciendo, con premeditación, alevosía y nocturnidad, o, lo que es lo mismo, sabiendo lo que se hace, haciendo daño pero intentando no correr riesgo político y desde la opacidad, trasladando una imagen distinta a la que realmente es.