Ahorro público

LA galopante e insensata crisis a la que nos lleva la política del gobierno de la Nación desde hace años, aunque se haya negado por activa y por pasiva a reconocerlo hasta que la realidad se ha impuesto en toda su crudeza, le ha hecho plantearse tibias medidas de ahorro público con las que dar la sensación de que se preocupa por sacar a España de los puestos de cola según los datos que se conocen.

Recientemente, ha optado por suprimir diversas empresas públicas y puestos directivos de las mismas y de la propia Administración Pública, con el fin de ahorrar unos 16 millones de euros hasta 2013, esto es, una mísera cantidad si se compara con el déficit público y los objetivos de la Unión Europea respecto a su reducción al 3%.

El gobierno, por lo que se deduce de este tipo de acciones, sigue con la política del parcheo, sin afrontar de una vez lo que debería hacer: la supresión radical de la pléyade de asesores y paniaguados insertos en las Administraciones Públicas y en el propio gobierno, cuyos frutos dejan mucho que desear, dejando trabajar con la objetividad e imparcialidad que siempre les ha caracterizado a los empleados públicos, en no pocos casos postergados por los anteriores y cuyo número debe verse reducido paulatinamente (con motivo de las jubilaciones, por ejemplo, sin reposición de determinados puestos) al mismo tiempo que se van incorporando las nuevas tecnologías en la actividad de las Administraciones Públicas.

Una segunda medida, sería la de minorar los estratosféricos sueldos de los propios políticos. No es de recibo que los diputados, senadores y parlamentarios varios (si nos atenemos a las Cámaras legislativas) cobren entre unos y otros privilegios sueldos que rondan, cuando no lo sobrepasan holgadamente, los 6.000 euros mensuales, sin contar con otras prebendas como el viaje gratis total en diversos medios públicos (y en clases preferentes o de lujo) o el cobro de la pensión máxima de la Seguridad Social bastándoles para ello con sólo 7 años de cotización, que pueden percibir con otras percepciones públicas no declaradas incompatibles (¿se sabe, por ejemplo, cuál es el estatus de los ex presidentes del gobierno tanto de la Nación como de las Comunidades Autónomas?: derecho de por vida, con cargo al erario público y compatible con su pensión, a coche y chófer oficial, amén del combustible, a montar una secretaría particular con personal a su servicio y a pertenecer como miembro, con suculento sueldo, del Consejo de Estado o de los Consejos Consultivos de las Comunidades Autónomas, respectivamente).

En tercer lugar, se ha de insistir en la supresión de las subvenciones a los partidos políticos y a los sindicatos, tan ayunas de justificación a la vista de su aportación real al bienestar social. Son estructuras que deben soportarse con las aportaciones de sus afiliados y simpatizantes, sin obligar a los contribuyentes a pagar su sedentarismo social que quizás no comparten ni ideológica ni de ninguna forma.

En cuarto lugar, deberían limitarse los dispendios en autopropaganda y en organismos cuya finalidad es un simple brindis al sol por su ineficiencia, cuando no han sido creados sólo para colocar a deudos, amigos y correligionarios. Algunos de ellos, son ejemplo de simple provocación política e ideológica, y la propaganda "a mayor gloria del gobernante de turno" un claro ejemplo de manipulación de la historia y de las conciencias.

El gobierno, como cualquier persona en época de escasez, ha de usar el sentido común y apretarse el cinturón (que en este caso es el de los contribuyentes) y optar por el ahorro, por no dilapidar los escasos recursos y por aparcar una política de gasto anclada en la ideología y el sectarismo, sin olvidar los objetivos sociales del gasto público, que no son precisamente destinarlo suntuariamente a los intereses particulares de los que integran la casta (como grupo social, no como conjunto de personas encomiables por su honradez) política.

Todo lo que no sea una política de austeridad, llevará a más derroche y a hundir al país en la peor de las miserias, lo que parece importar poco a los que, desde uno y otro signo o ideología, dirigen este país.