El bono de la luz se ajusta a la renta

Los datos son contundentes. Casi un millón de hogares vulnerables, un 30% del total de ese segmento, están fuera del índice de pobreza energética. O sea, no tienen acceso al bono de la luz. Al contrario, se computa como vulnerables a 4,8 millones que no lo son. Es decir, urgía realizar un barrido para clarificar los hogares que realmente son vulnerables y necesitan ayuda para hacer frente a la factura de la luz y, de la misma manera, dejar fuera a los que lo reciben y no lo necesitan. O, dicho de otra forma, que la bonificación que se recibe en el recibo de la luz esté ligada a la renta familiar y no se ciña exclusivamente al criterio de ser familia numerosa (tres o más hijos) independientemente de los ingresos que tengan, como ocurre hasta la fecha.

A ello parece responder la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) 2026-2030 que aprobó el martes el Consejo de Ministros. La medida, que se instauró tras la crisis energética de 2021, llega después de insistentes reclamaciones por parte de asociaciones, a las que ahora se pedirá su participación para fijar los criterios objetivos para ser beneficiario del bono social eléctrico. Era de justicia que tenía que adaptarse a la realidad, pero nunca es tarde.

El objetivo es garantizar “el acceso universal, seguro, asequible y sostenible a la energía como derecho básico”, según el Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Sara Aagesen. Ello exige redefinir lo que se entiende por vulnerabilidad y crear un observatorio de la pobreza energética que permita vigilar si los destinatarios son los que lo necesitan. La Administración cuenta con herramientas suficientes para controlar y actualizar los datos precisos y para imponerlos si es que todavía no existen.