Peligros de la inversión renovable

He tenido ocasión de hospedarme recientemente en tres hoteles de una misma cadena, y uno de ellos destacaba su implicación medioambiental, concretamente la protección del océano; para ello el hotel había eliminado cualquier elemento desechable: peines, cepillos de dientes, gorros de ducha, entre los varios que suele haber en las habitaciones, y el jabón, champú, y crema, estaban en dispensadores de relleno. En una pantalla en la entrada se daban datos sobre lo que se evitaba lanzar al mar en un año, cifras de no sé cuantas toneladas de pequeños plásticos, que siempre nos sorprende que pueda llegar a resultar tanta cantidad. Me llamó la atención no el hecho en sí del compromiso ambiental, sino que en los otros dos hoteles de la misma empresa no se daba, lo cual ponía en evidencia la consistencia del grupo empresarial, y avisaba del peligro de que cuando una compañía hace alarde de buen gobierno, responsabilidad social, y medio ambiente, abre la puerta a la crítica si no es consecuente con ello.

En la gestión actual de fondos de inversión y planes de pensiones, hay un interés real en cómo se gobiernan las compañías en que se invierten, y cómo cumplen sus responsabilidades con empleados, accionistas, y proveedores, entre otros. Las empresas se enfrentan a una gran incertidumbre, y el buen gobierno de las mismas obliga incluso a tener cuidado con quién y dónde se hacen negocios. Hay un ejemplo que puede parecer extraño, pero resulta ilustrativo, sobre la demanda que el Frente Polisario (FP) tiene actualmente contra la Unión Europea (UE), cuyo tribunal superior de justicia le dio la razón el año pasado, sentenciando que el acuerdo de pesca con Marruecos no se extiende a aguas jurisdiccionales del FP; la demanda es sobre la permisividad de la UE hacia países miembros en la explotación de los recursos del Sahara Occidental, y no sólo en pesca sino también fosfatos y productos agrarios. España y Francia apoyan a Marruecos, que frena la inmigración ilegal africana, pero las decisiones de los tribunales son a veces imprevisibles, y lo peculiar de esta situación es que si le dan de nuevo la razón, el FP podría demandar por daños civiles a las empresas que trabajan allí, y son seguidas por el Western Sahara Resource Watch y la consultora Sustainalytics, que recaban datos del buen gobierno de empresas para fondos de inversión, y otros como el inmenso fondo soberano de Noruega (900.000 millones de euros) y las compañías de seguros suecas.

Dos ideas podemos sacar de todo esto; una, que la inversión responsable no es una moda, sino una demanda creciente de quien invierte, y gestionar sin tenerlo en cuenta lleva a estar más tarde o más temprano fuera de juego. La segunda afecta a las propias compañías, y como plantea al agudo comentarista financiero John Dizard, una vez que una empresa acepta la noción de cumplir con unos criterios de responsabilidad, que se ha autoimpuesto, puede encontrarse en medio de conflictos inesperados. "Está muy bien -dice Dizard- tener un certificado de sostenibilidad colgado en la pared -o, esto lo digo yo, un pin en la solapa con los 17 objetivos de Naciones Unidas-, pero también implica que estás jugando un juego de riesgo alto".