Clima laboral e inversión

La vicepresidenta Díaz es bien clara sobre su proyecto de jornada laboral: se reducirá a 37,5 horas semanales, aunque sea sin el acuerdo de los empresarios. Lo que no queda tan claro es su compromiso con el diálogo social, puesto que se trata de una imposición en toda regla frente a la que no cabe el desacuerdo ni matices derivados de la diversidad de situaciones que la realidad económica puede plantear. También plantea la reforma del despido (disuasión cuando sea improcedente), la participación de los trabajadores en los consejos de administración, además de la fallida reforma del subsidio de desempleo. Antes se había producido la subida del 5% del SMI, hasta los 1.134 euros, también sin acuerdo con empresarios, y la polémica sobre las ganancias, excesivas según la vicepresidenta, de directivos en grandes empresas.

La reacción de la CEOE a través de su presidente ha sido contundente. Acusa a Díaz de populismo, de intervencionismo excesivo en las empresas y de arruinar el diálogo social a base de imposiciones. De sus palabras se deduce la denuncia de un ataque continuado a la libre empresa, siempre en el punto de mira de la vicepresidenta, que alimenta la incertidumbre sobre el futuro marco de relaciones laborales. Sus consecuencias pueden ser, siempre según su opinión, nocivas a medio y largo plazo porque podrían suponer un freno a la inversión.

Aunque cada parte puede tener su cuota de razón en la discusión, nos centramos en la inversión. Los datos que repetidamente esgrime Díaz apuntan a que intervenciones previas contra la precariedad laboral y en defensa del poder adquisitivo de los salarios y de hogares vulnerables han favorecido el empleo y el consumo y sus efectos sobre la economía en general han sido positivos. En sentido contrario, se argumenta que el aumento de los costes laborales y la incertidumbre sobre el marco de relaciones laborales dificulta la formación de expectativas y eleva la valoración del riesgo en las operaciones a plazo. En estas condiciones, las decisiones de inversión se aplazan o se desplazan donde la seguridad es mayor.

Aunque el análisis económico convencional (teoría de la utilidad esperada) estaría de acuerdo con la segunda opinión, existen otros enfoques. La teoría prospectiva, o de la perspectiva, establece que en un escenario de incertidumbre no es el beneficio, sino la seguridad lo que determina el comportamiento de las empresas. Cuando existe posibilidad de pérdida, aunque sea pequeña, se tiende a sobrevalorar el riesgo y se acepta la contratación de un seguro. En sentido contrario, cuando existe la posibilidad de ganancia, aunque también sea pequeña, se infravalora el riesgo de pérdida, como cuando se adquiere un billete de lotería. La incertidumbre y los costes laborales plantean un escenario de pérdidas a las empresas que, por muy improbable que sean, estimula un comportamiento conservador que las lleva a preferir la seguridad sobre el beneficio. Desde esta perspectiva, la intervención en el mercado laboral no conduciría necesariamente a desactivar la inversión, pero sí a modificar su orientación en el sentido de sobrevaloración de riesgos y preferencia por estrategias conservadoras.