El Gobierno italiano ha endurecido las condiciones de los solicitantes de asilo en el país con la aprobación de un decreto que prevé, entre otras cosas, expulsiones de los inmigrantes considerados un "peligro social" o condenados en primer grado.

La normativa ha sido aprobada este lunes en el Consejo de Ministros y ha sido impulsada por el ministro del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, que en los tres meses que ostenta el cargo está llevando a cabo una política de freno a la inmigración.

"En caso de peligro social o de condena en primer grado de un solicitante de asilo, esto será motivo suficiente para llevarlo a un centro para refugiados y comenzar con los trámites para su expulsión", dijo Salvini, en una rueda de prensa posterior a la reunión.

El decreto contempla que la condena en primer grado para terminar el proceso de solicitud de asilo puede ser por delitos relacionados con drogas, robo, violencia sexual, violencia contra un funcionario público o lesiones graves.

Se trata de una normativa que tiene como objetivo "hacer Italia más segura", subrayó el también vicepresidente del Gobierno en las redes sociales.

La iniciativa pretende "combatir con más fuerza a los mafiosos y a los traficantes de personas, reducir los costes de una inmigración exagerada, expulsar más velozmente a los delincuentes y a los falsos refugiados, quitar la ciudadanía a los terroristas y dar más poder a las fuerzas del orden", indicó.

El decreto prevé medidas como la de que los inmigrantes que tengan una condena definitiva por terrorismo verán retirada su ciudadanía italiana, o que el país no consentirá la entrada en su territorio a ningún extranjero que haya sido expulsado de otros países de la zona Schengen.

El periodo de permanencia en los centros para refugiados se amplía de 90 a 180 días, mientras los solicitantes de asilo tramitan su petición de residencia.

Por otra parte, los inmigrantes que sufran graves problemas de salud o procedan de países afectados por desastres naturales podrán tener un permiso especial para permanecer en el territorio.

A partir de ahora, serán seis los supuestos para que puedan entrar en Italia extranjeros por motivos humanitarios: que sean víctimas de explotación, motivos de salud, violencia doméstica, calamidades, tratamientos médicos o que sean reconocidos por haber realizado una buena obra en la sociedad.

"El sistema de protección de solicitantes de asilo y refugiados continuará existiendo para refugiados y menores no acompañados, es decir, para las personas que merezcan ser acogidas", señaló Salvini.

Por su parte, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, apuntó brevemente que el Ejecutivo continuará "asegurando el sistema de protección" y evitará abusos, porque "hasta ahora ha habido en Italia una acogida indiscriminada" de inmigrantes que pisaban el territorio.

El Gobierno italiano modifica así la normativa en materia de acogida de refugiados y limita la protección humanitaria de estas personas.

Salvini mantiene la política de mano dura contra la inmigración y los extranjeros y ha declarado su intención de cerrar todos los campamentos de gitanos en Italia antes del final de la legislatura, aunque reconoció que esta medida no está incluida en este decreto.

El líder de la ultraderechista Liga mantiene cerrados los puertos italianos a los barcos de ONG con inmigrantes a bordo rescatados en el mar y está siendo investigado en el país por "secuestro de personas", por retener durante cinco días a un grupo de más de 100 eritreos en agosto en un barco militar en el puerto de Catania (sur).

Actualmente, no permite que el barco Aquarius, de las ONG SOS Méditerranée y Médicos Sin Fronteras (MSF), llegue a Italia después de que en los últimos días haya rescatado a 58 personas en distintas operaciones en el Mediterráneo.

El pasado viernes, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) dijo que había iniciado el proceso de cancelación del registro del barco, que lleva bandera panameña, debido a las quejas italianas. Por eso, el domingo ambas ONG exigieron a los gobiernos europeos que les defiendan de las acusaciones del Ejecutivo italiano o que le permitan seguir su misión emitiéndole una nueva bandera.

El barco navega en el Mediterráneo desde el 20 de septiembre, a la espera de que algún país le autorice desembarcar en un puerto seguro.