Se le dice al público una cosa y se hace otra, pues se viene en sostener que se van a adoptar medidas para disminuir el precio de la vivienda y para poner en el mercado un mayor número de ellas, y luego se hace justo lo contrario.

A saber, si los planes urbanísticos, habitualmente, tienen una tramitación larga y tediosa, excesivamente prolongada en el tiempo (debido a muchos factores: cada vez se exigen más estudios que son anexados, la evaluación ambiental, la dilatada demora en la emisión de informes preceptivos -sectoriales o no-, etc.), ahora se añade un nuevo hito al no haberse contemplado disposición transitoria en la tildada Ley (12/2023, de 24 de mayo) por el derecho a la vivienda estatal que viene a “imponer” un nuevo “parón” en los planes que se estuviesen tramitando.

En efecto, hay una gran cantidad de Planes Parciales o los antiguos Especiales de Reforma Interior (necesarios para poder poner en el mercado viviendas e intentar paliar el incremento de precios por la escasez) que se ven afectados en su tramitación por la incidencia de esa nueva Ley, por cuanto los primeros (Planes Parciales) se tenía previsto (conforme a la normativa por la que fueron redactados) que si había uso residencial un 30% de su edificabilidad se tendría que destinar a viviendas sujetas "a un régimen de protección pública" (las conocidas VPO).

Una vivienda en alquiler.

Además, esta medida se impone aunque el uso mayoritario en un sector sea de otro tipo, es decir, que allí donde haya uso residencial una parte ha de destinarse a VPO. Pues bien, con la entrada en vigor de la citada Ley ese 30% se incrementa al 40% (prevista en el suelo rural que vaya a ser incluido en "actuaciones de nueva urbanización") con lo que provoca que se tengan que revisar todos esos Planes Parciales y volver a tener que comenzar a tramitarlos desde el principio (pues afecta a zonificación, a costes a repercutir en cada propietario afectado, a la propia viabilidad de la propuesta de ordenación, etc.) y no ha sido prevista ninguna norma que habilite a entender que pueden seguir tramitándose conforme al parámetro anterior del 30%.

Otro tanto sucede con los anteriores Planes Especiales de Reforma Interior (hoy PRI) al acrecentarse el destino (para las antedichas VPO) del 10 al 20% en el caso de suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.

Esto provoca un nuevo retraso y un aumento del encarecimiento de los productos inmobiliarios que finalmente vean la luz al ser costes que se repercutirán en el comprador final (si no aboca a los promotores a presentar concurso).

“Muchas gracias a nuestros políticos” por seguir retrasando los planes urbanísticos y encareciendo el precio de las viviendas, mientras nos dicen que adoptan medidas justo para lo opuesto.